El juez Jorge Guzmán quiere averiguar la verdad de la masacre de El Mozote de 1981 por todos los medios legales que tiene. Está decidido a probar por las buenas: da esta entrevista para aclararle al presidente Nayib Bukele que no pretende dañar a la Fuerza Armada ni tiene motivaciones políticas, como lo aseguró el mandatario en un mensaje a la nación el 24 de septiembre. Pero también probará por la fuerza: dice que certificará a la Fiscalía por el incumplimiento de su orden judicial de inspeccionar archivos del Estado Mayor Conjunto, el pasado 21 de septiembre.
Jorge Alberto Guzmán Urquilla tiene 60 años, 17 de ser juez en San Francisco Gotera (Morazán) y cuatro dirigiendo el juicio por la masacre de El Mozote, la mayor masacre contra civiles de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
Pionero, fue el primer juez en aplicar la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de Amnistía, emitida en julio de 2016, para reabrir uno de los casos que la Sala de lo Constitucional ordenó que se investigara. El Mozote es el más avanzado de los casos de la guerra civil en el sistema judicial, en buena medida gracias a las gestiones del juez. Ha entrevistado más de 50 testigos, peritos militares, forenses, requerido documentación y dirigido todo el proceso. Tanto ha trabajado Guzmán que ya modificó, para siempre, la estructura del Órgano Judicial en San Francisco Gotera. Hasta 2019, su juzgado se llamaba Juzgado Segundo de Primera Instancia, pero la Corte Suprema lo transformó en Juzgado de Instrucción, para aliviarle la carga laboral y permitirle concentrarse en casos penales como la masacre contra casi mil personas, perpetrada por el Ejército en diciembre de 1981.
Lo ha hecho todo pese a la ausencia de una ley que reemplazara la amnistía, unas orden de la Sala que los diputados han incumplido, impulsando en cambio leyes que promueven la impunidad. Sin un marco legal nuevo, Guzmán ha creado un proceso mixto —usando tanto el Código Penal vigente cuando ocurrió la masacre (el de 1973), como el vigente (de 2011)— para tramitar la investigación. Ha hecho camino al andar. Su trabajo es la vara de medir para el resto de casos de la guerra civil que se tramitan en el país.
Guzmán ordenó la reapertura del caso El Mozote solo tres meses después de esa histórica decisión de la Sala de lo Constitucional, el 30 de septiembre de 2016. A cuatro años exactos desde esa fecha, Guzmán concede esta entrevista, la primera que brinda a medios. El Faro le había pedido entrevista varias ocasiones desde 2017, pero siempre se negó. No se trata de un hombre cerrado a los medios: ha permitido el acceso a periodistas a todas las audiencias que ha realizado e incluso ha consentido la transmisión digital de algunas de sus audiencias durante la emergencia ocasionada por covid-19, este año. Pero no había hablado con los medios hasta hoy y la explicación de ello sucedió una semana antes de la entrevista: quiere hablar del caso porque quiere aclararle al presidente que 'la diligencia se va a realizar bajo todas las previsiones legales posibles'.
Guzmán es una de las adiciones más recientes en el listado particular de personas a las que el presidente Bukele considera en su contra. El presidente ha desconocido al juez y lo acusó de estar involucrado en una campaña política del FMLN (partido de izquierdas) que busca dañar la imagen de su Gobierno y de la Fuerza Armada. “¿Cuál es el problema que entre el juez y que entre Apolonio (Tobar) con la Procuraduría de Derechos Humanos? El problema no son los archivos de El Mozote, porque ellos gobernaron 10 años. Me refiero a ambos porque ambos responden al FMLN”, dijo Bukele esa noche.
Guzmán responde en un tono afable pero determinado. “Me imagino que talvez (es) alguna falsa información que le pudieron a él haber proporcionado”, dice sobre la acusación de Bukele.
Antes de ser juez en Gotera, fue juez de Primera Instancia en Ciudad Barrios, juez Cuarto de Paz en San Miguel y juez de Paz en Yamabal, todos en la zona oriental del país. Previo a su etapa como juzgador, Guzmán trabajó como maestro. Su vocación didáctica pervive en algunas de las respuestas que dirige al presidente de la República y a su ministro de Defensa, René Merino Monroy.
El presidente Nayib Bukele dijo en cadena nacional, el 24 de septiembre, que ni usted ni ningún juez tienen jurisdicción para ir a revisar archivos de la Fuerza Armada. ¿Cree que es un criterio jurídico correcto del presidente?
Creo que, en ese aspecto, el señor presidente está un tanto equivocado. Quizá es alguna mala asesoría. Ellos utilizaron el término jurisdicción, pero no es ese el término adecuado. Todos los jueces tenemos jurisdicción en todo el país. Se trata de la competencia, la medida de la jurisdicción que le toca aplicar a cada juez. Tenemos competencia material, por la función, y territorial. Examinemos cada una de ellas. Para competencia por la materia, yo soy juez penal y el caso El Mozote es un proceso penal. En cuanto a la función, estoy a cargo de diligenciar la fase de instrucción en todos los procesos penales que llegan a mi tribunal y el caso El Mozote está en esa fase. Por último, en cuanto al territorio, si examinamos el Código Procesal Penal derogado de 1973 y la normativa vigente, en ambas establece que el juez se puede trasladarse a cualquier lugar del territorio a realizar diligencias de forma personal. Y, si no puede, entonces delegará en un juez de esa jurisdicción. Todo eso nos lleva a establecer que sí somos competentes. Ni la Constitución ni las leyes establecen excepciones para el caso de no ingreso de los archivos de la Fuerza Armada. No hay un suprapoder, como decir que la Fuerza Armada está encima de los otros poderes. Parece que eso no se logra entender hasta este momento.
El presidente decía, citando el inciso 7 del artículo 168 de la Constitución, que no se deberá dar a la Asamblea Legislativa informes sobre planes militares secretos. De eso él interpreta que ningún juez le puede pedir esos archivos a la Fuerza Armada. ¿Cuál es su visión sobre esta interpretación constitucional del presidente?
La Constitución tiene que interpretarse de forma integral y bajo principios de progresividad y de actualización de la norma. Podría aceptarse que hay una prohibición de que el presidente dé informe acerca de planes militares secretos. Esta prohibición no aplica para investigación de hechos delictivos, que es lo que se está haciendo en el caso de El Mozote. ¿Para qué servirían unos planes militares secretos de hace 40 años? El argumento que se ha utilizado es que pondrían en peligro la seguridad nacional. No se ha sabido explicar hasta este momento, en qué forma pondría en peligro la seguridad nacional.
Juez, el presidente describió una diligencia en la que usted entraría en todas las puertas y pediría abrir cualquier gaveta y, por casualidad, usted quizá encontraría planes militares recientes. ¿Esa descripción coincide con la diligencia judicial que usted ha ordenado?
Definitivamente no. No se iba a llegar a darle vuelta a todo y a sustraer planes militares recientes. De ninguna manera. Eso solo me lleva a pensar que, lamentablemente, parece que ni el señor presidente ni el ministro de Defensa se empaparon o no leyeron el contenido de las resoluciones que oportunamente se les enviaron. En la primera resolución, se delimitó con toda claridad la clase de documentos que se pretendía encontrar: planes militares y cualquier documento administrativo o logístico que tuviera relación con la organización, planificación y ejecución de la operación Rescate de Morazán, dentro de la cual supuestamente se cometió la masacre El Mozote. Si en la práctica se hubiera encontrado por casualidad, como él lo dijo, el Plan Control Territorial que está aplicando la Policía y la Fuerza Armada en la actualidad, eso, desde luego, no es pertinente para el proceso. Eso no tiene ninguna relevancia, así que había que dejarlo de lado. En cuanto al tiempo que se iba a llevar a cabo la búsqueda, igual estaba bien delimitado en la decisión judicial. Son los años 1981 a 1984. Fuera de esos años, del 85 en adelante, no se iba a hacer ningún tipo de búsqueda. Así que el señor presidente y el señor ministro deberían estar tranquilos en cuanto a eso. Si yo me pongo a hurgar en los planes militares recientes que ellos dicen, ¿no cree usted que podría estar incluso cayendo también en una conducta delictiva? Conozco cuáles son mis facultades como juez y no me voy a salir de ellas.
En noviembre de 2019, usted ordenó en una resolución que el presidente le entregue unos documentos. El presidente declaró que iba a abrir los archivos de la A a la Z y, dos semanas más tarde, Casa Presidencial le mandó un informe en el que dijo que ninguna unidad del Ejército tenía archivos. La semana pasada, el presidente aparece y muestra cinco cartapacios que ha hallado. ¿Esa contradicción entre lo que se dijo el año pasado y lo que se dice ahora enfatiza la necesidad de que se haga una inspección judicial a los archivos de la Fuerza Armada?
Esos son parte de los argumentos de la acusación. La inspección, además de la búsqueda de documentos, tiene por objeto la confrontación de documentos que ya han sido enviados por el Ministerio de la Defensa. La acusación hace ver que en la mayoría de expedientes personales de los militares procesados da la casualidad que solo a los procesados que están fallecidos les aparece que han participado en campañas militares, pero a los que están con vida a la mayoría les aparece que no han participado en operaciones militares. Ellos ven la necesidad de confrontar eso. Ahorita se está en una fase de recolección de pruebas, no en una fase de valoración de prueba. No me corresponde decir, por el momento, si hay contradicción o no.
¿Qué tan importante es esta diligencia para el proceso? ¿Esto puede ser la diferencia entre que la investigación llegue a un resultado condenatorio u absolutorio?
La prueba de inspección es un medio probatorio establecido y muy utilizado en nuestra práctica judicial. Va destinado a la búsqueda, identificación, localización de evidencia útil en la investigación de un hecho delictivo. La no realización de esta diligencia afecta al proceso y, desde luego, a las víctimas. Dentro del proceso El Mozote, las víctimas son la figura central del proceso. En este proceso se están aplicando estándares de derecho internacional, no porque lo diga yo, sino porque así lo han dictado las dos sentencias que le han dado vida a este proceso. Primero, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2012, donde se declaró responsable al Estado de El Salvador por no investigar y se les obligó a que se continuara con la investigación. Luego la sentencia de 2016 de inconstitucionalidad de la ley de Amnistía, dictada por la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué las víctimas son la figura central? Porque ellos son los que sufrieron la pérdida de familiares asesinados. Algunas sufrieron hasta violaciones. Ellas han sufrido la destrucción de sus viviendas y cultivos, la matanza de su ganado y animales domésticos. O sea, les destruyeron su medio de vida. Y les obligaron, incluso a abandonar esos lugares porque eso quedó totalmente destruido. En otras palabras, a ellos se les eliminó su proyecto de vida.
La semana pasada, después de la conferencia del presidente, 13 magistrados y jueces enviaron una carta al relator especial de Naciones Unidas de independencia judicial. Le dijeron, entre otras cosas, que hay una escalada en la desobediencia a órdenes judiciales, como le ocurrió en su caso el 21 de septiembre. Esta presidencia ha sido constante en desobedecer resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Usted le dio al presidente y al ministro de Defensa un plazo de cinco días para que le enviaran un informe. La conferencia sucedió dentro de ese plazo de cinco días. ¿Ya decidió si certificará a la Fiscalía por lo ocurrido, la desobediencia a su orden judicial?
No quiero referirme sobre lo que usted dice es una escalada de incumplimiento de algunas obligaciones del señor presidente o desobediencias que se habla de la Sala de lo Constitucional o de la misma Asamblea Legislativa porque en mi función de juez no se me permite, por la misma Constitución, opinar en cuestiones políticas.
¿Ya decidió si certificará a la Fiscalía o no?
Sí, es que tiene que hacerse. Certificar a la Fiscalía. No me cabe duda que Fiscalía o acusación también lo van a pedir. Pero aún si no lo piden, esa es mi obligación porque estamos ante un hecho. Hay una resolución judicial que ya estaba firme. Ya no se podía atacar por ningún medio. Lo único que quedaba, como le explicaba ese día al coronel Vanegas, es su ejecución, su cumplimiento. Sin embargo, se negó el acceso. Entonces podríamos estar ante una desobediencia. En el Código Penal hay todo un capítulo que regula los delitos contra la administración de justicia, los delitos contra la autoridad de las decisiones judiciales. Será la Fiscalía la que va a calificar. Yo solo doy los hechos. La Fiscalía tendrá la tarea de adecuar esos hechos al derecho.
Usted decía que no se quiere meter en política, pero el presidente lo mete a usted en política. El presidente dijo que tanto usted como el procurador de derechos humanos responden al FMLN. El presidente redujo la peor masacre contra civiles de la guerra civil a una estratagema política-electoral, como si se tratara de una conspiración en su contra. ¿Cómo responde a la afirmación del presidente que usted responde al FMLN y a esa lectura que él hace del caso?
No sé de dónde surgió esa apreciación del señor presidente. Le puedo asegurar que, en toda mi vida, jamás he pertenecido a un partido político. Francamente no sé de dónde viene esa apreciación, me imagino que talvez (es) alguna falsa información que le pudieron a él haber proporcionado.
El presidente también hizo una alusión a las víctimas y a las organizaciones que las representan como parte de una estrategia político-electoral. Como si ellos tienen un interés político en el caso. ¿Cree que eso también responde a una información falsa como en la atribución a usted?
Prefiero no opinar sobre eso. Ya está establecido en el proceso que estas personas sufrieron la pérdida de familiares y fueron sujetos pasivos de la comisión de delitos. Eso creo que está suficientemente establecido en el proceso. Mi obligación es tratarlas como víctimas. No me interesa ni me corresponde valorar si la motivación de ellos en impulsar este proceso obedece a una motivación política.
Ayúdenos a dar un vistazo general al proceso. Me dijo que hay dos piedras angulares que sostienen este proceso: la sentencia Corte IDH de 2012 y la sentencia de inconstitucionalidad de la Amnistía de 2016. Sin embargo, en una resolución previa de la Sala de lo Constitucional, en 2000, ya había habilitado el camino para que jueces inaplicaran la ley de amnistía, en casos de violaciones de derechos humanos. Usted es juez desde 2003 en San Francisco Gotera. ¿Por qué no abrió el caso desde esa posibilidad que le daba la Sala de lo Constitucional hasta 2016?
Este proceso ha tenido dos fases. En la fase de inicio de 1990, se abrió un proceso de investigación por denuncia de víctimas. ante el mismo juzgado que yo presido. En 1993, finaliza esa primera etapa, con la declaración de la ley de Amnistía. Eso dio por cerrado el proceso y así permaneció por muchos años. Llegué a este juzgado en 2003 y no había actividad procesal. De 2003 a 2006, solamente había peticiones para devolución o recuperación de osamentas y algunas exhumaciones, pero todo era prácticamente administrativo. Ya en 2006 se interpuso una acusación formal. Los jueces no estamos sustraídos del contexto social, ¿entiende? En ese momento, estaba todavía vigente la ley de Amnistía. Yo consideré que para abrir y continuar la investigación en el caso El Mozote era necesario tener el respaldo de un pronunciamiento interno como la declaratoria de inconstitucionalidad de esa ley de amnistía. Yo me hago una pregunta y se la hago a usted. Estamos en el 2020. Supuestamente se han superado muchas situaciones de conflicto social. Se cree que estamos en una democracia donde impera la ley. Imagínese usted qué oposición está teniendo actualmente la tramitación del caso El Mozote. Si yo hubiera abierto este caso en el 2006, sin el respaldo de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligaba a investigar estos hechos, sin una sentencia de la Sala de 2016 que declaró inconstitucional la ley de amnistía, quizá no estuviera platicando con usted. En esto, yo sé que muchos hemos fallado a las víctimas de estos hechos.
Al juez de Meanguera, que tramitaba el caso de El Mozote antes de que usted retomara en 2016, le pintaron grafitis amenazantes en el juzgado, relacionados a El Mozote. En Guatemala, a la jueza Yazmin Barrios, cuando dio la sentencia del caso del asesinato de monseñor Gerardi le tiraron una granada en su casa. Luego continúo con amenazas y antejuicios por la sentencia de genocidio contra Efraín Ríos Montt. Usted ya enfrentó un antejuicio en la Corte Suprema de Justicia por este caso. ¿Ha tenido amenazas en este proceso o teme recibir amenazas por este proceso?
Sobre ese punto prefiero no comentar.
Solo este año han fallecido cuatro víctimas de El Mozote y un imputado, el general Rafael Flores Lima. De los 28 oficiales mencionados en la acusación, solo 13 viven. Se están muriendo las víctimas y los imputados. Llevamos cuatro años en la instrucción. ¿Qué falta para acercarnos a una conclusión?
Me atrevería a decir que el proceso se encuentra en su fase de instrucción como en un 80 o 90 %. Estas inspecciones en los archivos de la Fuerza Armada prácticamente vendrían a ser de las últimas diligencias. Considero que no falta mucho para poder acceder a una etapa plenaria. Este proceso no se trata, a toda costa, de declarar culpables a los militares que están siendo procesados. Mi finalidad es que se haga una investigación eficiente, una investigación completa a manera de que el juez o jueces que les toque emitir una sentencia lo hagan porque valoraron todas las pruebas que era necesario tener para dar un fallo conforme a derecho, independientemente si es de absolución o condena.
¿Las inspecciones judiciales son lo último que falta para que usted evalúe la finalización de la instrucción?
No es lo último. Se ha pedido documentación al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hasta este momento, solo sabemos que allá se está discutiendo en el Senado y en la Cámara Baja si se otorga o no esa información. A nivel interno, como también se están conociendo delitos como desplazamiento forzado, como desapariciones forzadas, se ha pedido información a instituciones como Acnur, Probúsqueda y Conabusqueda sobre desaparición de niños y de personas mayores en el contexto de la masacre de El Mozote. Ya la están proporcionando. Podría caber la posibilidad de que se incorpore mucha más prueba.
En la audiencia de agosto, usted dijo 'hay personas que que desde hace 39 años esperan justicia. Perdieron hijos, padres, fueron desplazados. La justicia les ha sido negada y todos como sociedad somos responsables”. ¿Qué dice de una sociedad cuyos seis últimos gobiernos se resisten a darle justicia o respuesta a las víctimas de la guerra? ¿Es un reflejo solo del sistema político o de la sociedad en la que estamos?
Pienso que no hubo un tratamiento adecuado luego de salir del conflicto en cuanto a políticas estatales para reorganizar una sociedad que quedó completamente dañada. No hubo una buena estructuración a efecto de sanar las heridas que dejó el conflicto armado. Lo que tenemos actualmente son los resultados de ese descuido. Solo para citar un ejemplo: ¿cuántos niños quedaron en la orfandad luego de que salimos del conflicto armado? Pero no se implementaron los suficientes programas sociales para tratar a estos niños y darles una protección para que no quedaran a expensas de la delincuencia organizada y se fueran organizando, valga la redundancia, en lo que hoy conocemos como pandillas. No hubo suficientes programas de inserción laboral de mucha gente que anduvo combatiendo durante muchos años. Lo que tenemos hoy es el reflejo de lo que no se hizo antes
En 2017 le pedimos entrevista y usted dijo que no era el momento. ¿Por qué ahora sí decide salir a dar declaraciones y antes no?
Le voy a confesar algo, ja, ja. ¿Sabe por qué lo estoy haciendo? Mi intención es aclararle al señor presidente y al ministro de Defensa Nacional y a todas aquellas personas que se oponen a esta diligencia, que se va a practicar bajo todas las previsiones legales y que no se trata de afectar a nadie. Los jueces no obedecemos a motivaciones políticas. Nuestra única finalidad es que se investigue y se esclarezcan los hechos. Un segundo aspecto es que el señor presidente y el ministro de la Defensa tengan bien claro a quien es que se le podía estar haciendo el daño con obstaculizar la realización de esta diligencia. El daño no me lo hacen a mí como juez, no se lo hacen al Órgano Judicial, sino solamente a las víctimas y a la misma humanidad, porque se están investigando delitos de lesa humanidad. Son las víctimas que van a ver frustrado su ideal, su aspiración de que se les haga valer el derecho a la verdad, un derecho con asidero constitucional y con asidero en los tratados internacionales de derechos humanos. La idea es que ellos sepan que el perjuicio se lo están cometiendo a las víctimas.
