El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar López Jerez, perdió este martes 8 de febrero el control del poder administrativo que concentraba en el Órgano Judicial, a merced de una decisión de 11 de sus colegas magistrados de corte plena. López Jerez fue impuesto por la Asamblea Legislativa controlada por Bukele el 1 de mayo del año pasado, y todo apunta a que esta decisión conlleva una pérdida de confianza de parte de Casa Presidencial.
El golpe ocurrió en la sesión de este martes donde, sin mayor debate, se destituyeron 17 estratégicas jefaturas y subjefaturas del Órgano Judicial que contaban con el aval de López Jerez. El magistrado presidente abandonó la sesión de corte plena y quien retomó la presidencia fue la magistrada Elsy Dueñas, de acuerdo a cinco fuentes de la CSJ. Una de las fuentes es un funcionario que estuvo presente en la inédita sesión de corte plena que quitó poder administrativo al magistrado López Jerez. Otras dos fuentes, consultadas de forma independiente, son funcionarios de la Corte que tuvieron acceso a la información discutida, y otras dos personas son asesores de Casa Presidencial que conocieron de las decisiones aprobadas tras ocurrida la sesión de la Corte.
La discusión estaba programada para iniciar a las 9:30 de la mañana, pero la agenda (disponible en la página web de la Corte) solo incluía tres puntos y ninguno de ellos relacionado a temas administrativos. El magistrado Enrique Alberto Portillo Peña, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, pidió la modificación de la agenda para incluir el tema de los nombramientos y la destitución de jefaturas.
Según la fuente que presenció la sesión y otra fuente que tuvo acceso a la información, Portillo Peña justificó los cambios administrativos con el argumento de que la Corte no estaba funcionando de la manera adecuada. “Portillo comenzó a leer un planteamiento con el que legitimaba los cambios que venían”, dijo la persona que atestiguó la sesión. Alex David Marroquín, magistrado presidente de la Sala de lo Civil, intervino para decir que la Corte debía satisfacer las necesidades y demandas de los jueces que la Corte había nombrado el año pasado.
Este episodio refleja la pugna de poder por el control del Órgano Judicial. López Jerez, por un lado, es la cabeza formal de la Corte, pero en los últimos meses su poder se ha visto desafiado por decisiones promovidas por otros magistrados y adoptadas en corte plena. Por ejemplo, los nombramientos de 168 jueces aprobados el 26 de septiembre y el 14 de octubre no fueron promovidos por López Jerez sino por el magistrado Marroquín, de la Sala de lo Civil. Este martes, Marroquín lanzó duras críticas contra el presidente López Jerez por el manejo del Órgano Judicial, y Portillo fue el encargado de promover los cambios en las unidades.
Las grietas en el bukelismo comenzaron a ser evidentes el año pasado en el Órgano Legislativo donde ya surgieron diputados de Nuevas Ideas que han frenado dictámenes por no estar dispuestos a asumir los costos políticos de las votaciones que exige el Secretario Jurídico de la Presidencia de Bukele, Conan Castro. El último freno ocurrió el 1 de febrero con las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, y antes, con la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros.
Según uno de los funcionarios de la Corte que habló con El Faro, los nombramientos son un mensaje para López Jerez. “Lo hicieron para decirle que cuando quieran pueden modificar cualquier cosa que él decida o haga, que quienes mandan son ellos y no él”. López Jerez aun conserva poder en la Corte. De él dependen directamente 11 unidades, según el sitio web de la Corte , y de ellas solo tres sufrieron cambios en sus jefaturas. En las otras dos grandes gerencias del Órgano Judicial (la de asuntos jurídicos y la de administración y finanzas), hay 39 unidades y direcciones de las que solo seis sufrieron cambios.
López Jerez fue impuesto por el bukelismo el 1 de mayo de 2021 y fue reelegido en el cargo de presidente después de casi un mes de haber sido impuesto tras la destitución ilegal de la Sala de lo Constitucional. Fue nombrado como magistrado de la Sala de lo Constitucional entrante que fue incluida en la Lista Engel de Estados Unidos por avalar la reelección presidencial. Fuentes de la Presidencia afirman que López Jerez perdió la confianza dentro del bukelismo por razones relacionadas con el temor de López Jerez a repercusiones futuras por parte del Gobierno de Estados Unidos.
Presidente de la Corte abandonó la sesión
López Jerez se opuso a los cambios verbalmente. El magistrado Leonardo Ramírez Murcia lo respaldó y señaló que la corte plena no era la instancia desde la que se podían dictar los cambios en las jefaturas y subjefaturas, sino que eso era competencia del presidente del Órgano Judicial. Magistrados como Ernesto Clímaco, Miguel Ángel Flores y el propio Portillo se dedicaron a contraargumentar y a justificar la decisión.
López Jerez salió momentáneamente de la sesión, pero luego volvió y externó su postura: “Me voy a retirar porque no quiero legitimar lo que están haciendo”, dijo, y acto seguido volvió a marcharse. López Jerez no brindó detalles de lo ocurrido cuando El Faro le llamó a su teléfono. El magistrado contestó, pero la llamada se cortó. En una segunda comunicación dijo que devolvería la llamada, pero no volvió a contestar.
En la sesión, tras los nombramientos, una de las fuentes de la Corte dijo que lo que ocurrió fue como cuando se celebra una victoria. “Se daban la mano entre todos los que votaron. Estaban felices. Ahí claro se vio como especie de pugna por controlar la Corte”, dijo la fuente quien no estuvo presente pero suele participar de numerosas sesiones de corte plena al año.
Dos asesores de Casa Presidencial y un abogado que suele participar en sesiones de Corte Plena varias veces al año aseguran que la disputa entre López Jérez y Marroquín iba a ser evidente en cualquier momento. La supuesta rivalidad comenzó porque, al aparecer, el presidente de la Corte rechazó una serie de propuestas presentadas por Marroquín. “Todo el enojo es porque López Jérez no les está haciendo caso y ellos quieren mandar”, dijo la fuente de la CSJ.
Mientras que los dos asesores con conocimiento de lo que ocurre entre Casa Presidencial y la Corte señalan que la decisión de apartar a López Jérez la tomaron en Casa Presidencial, respaldada por el asesor jurídico, Javier Argueta. Según la fuente, Argueta respaldó a Marroquín en las elecciones para magistrados que ocurrieron en junio de 2021. El 30 de junio, Marroquín fue designado magistrado por la Asamblea Bukelista. “Alex Marroquín es gran amigo de Argueta, quien lo anduvo promoviendo para llegar a convertirse en magistrado de la Corte”, dijo uno de los asesores de Casa Presidencial.
Las magistradas Dafne Sánchez y Paula Velásquez, y el magistrado Leonardo Ramírez no votaron por los nombramientos y por eso es que el acuerdo solo tiene 11 votos. Entre los que votaron a favor están magistrados suplentes como Alejandro Quinteros (en sustitución de Roberto Calderón) y Henry Mejía (en sustitución de Sergio Luis Rivera, que se reincorporó a labores al día siguiente).
Alrededor de los magistrados Portillo y Marroquín hay más funcionarios con vasos comunicantes con Casa Presidencial: el magistrado de la Sala de lo Constitucional, José Ángel Pérez Chacón, fue asesor jurídico de la Presidencia antes de convertirse en magistrado. El magistrado Luis Suárez Magaña fue nombrado por Bukele como comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública a finales de 2020 en un proceso viciado, y luego fue designado en la Corte por la Asamblea bukelista. Héctor Nahún Martínez defendió al director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, uno de los funcionarios que ha demostrado más lealtad a Bukele desde junio de 2019. Todos ellos, al igual que López Jerez, fueron sancionados por Estados Unidos por avalar la reelección presidencial.
El magistrado Martínez tiene otro vínculo con el secretario jurídico de Casa Presidencial. Él coordina la comisión de lavado de dinero y activos de la Corte, la cual, en diciembre pasado, sostuvo una reunión de trabajo con abogados delegados por Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia. En esa reunión, dijo que la comisión reportaría a Castro todo su trabajo, en el contexto de un informe que preparan para Naciones Unidas.
Marroquín y Portillo fueron nombrados por la Asamblea de mayoría Nuevas Ideas, el 30 de junio de 2021. En la práctica, tienen igual o mayor poder que el presidente López Jerez, porque cuentan con el respaldo de funcionarios de Casa Presidencial. Revista Factum reveló que el magistrado Marroquín logró que el pleno de la Corte nombrara a su cuñada Isabel Beatriz Sermeño Araujo como titular del Juzgado de Familia de San Marcos, San Salvador, saltándose los procedimientos de selección. Marroquín fue nombrado magistrado suplente en 2018 y desde junio a la fecha ha sido el presidente de la Sala de lo Civil. Portillo había intentado ser fiscal general de la República en 2018, fue cónsul honorario de las Filipinas hasta junio de este año y director del Banco Hipotecario por el sector café hasta 2019.
Las jefaturas que cambiaron de titular son claves en la vida jurídica del país, pues regulan la función de los jueces, abogados e incluso de todos los funcionarios públicos. Hubo cambios en la Sección de Notariado, la Sección de Probidad, el Departamento de Prueba y Libertad Asistida, la Sección de Investigación Judicial (encargada de supervisar a jueces y magistrados), la Sección de Investigación Profesional (encargada de supervisar a los abogados en ejercicio), la Dirección de Talento Humano Institucional, la Gerencia de Administración y Finanzas, la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), la Dirección de Planificación Institucional y el Departamento de Práctica Jurídica. También fueron sustituidos los jefes de la Dirección de Comunicaciones y la subdirección del Consejo de Administración de Bienes (CONAB).
Los nuevos jefes de área fueron citados el martes por la tarde para notificarles de sus nombramientos, según una de las fuentes y, al día siguiente, este miércoles por la mañana, cada uno firmó el respectivo acuerdo y tomó posesión del cargo.
En Probidad, sustituyeron a Carlos Pineda, un funcionario que se había mantenido al frente de esa unidad que investiga el patrimonio de todos los servidores públicos desde 2013. El trabajo de la sección había sido duramente criticado por la ambigüedad en el trato a los funcionarios investigados. En 2019, la Corte decidió que Probidad ya no investigaría expedientes de funcionarios que hubieran dejado el cargo más de 10 años atrás . En 2018, Pineda absolvió a Guillermo Gallegos, dirigente y diputado de Gana, partido aliado del bukelismo y cuyo origen está vinculado a pago de sobornos de la Presidencia. En lugar de Pineda, nombraron a Carlos Quiteño, quien se había desempeñado como subjefe de la unidad.
Dudas sobre las destituciones
El Sindicato de Empleados Judiciales de El Salvador (SEJES) fue de los primeros en reaccionar a los cambios administrativos que trastocan el poder del presidente de la Corte. “Estos cambios van a generar inestabilidad laboral y eso es lo que nos preocupa. Siempre que hay cambios de este tipo, hay despidos y esta vez no será la excepción”, dijo Stanley Quinteros, secretario general del sindicato.
Según Quinteros, el presidente de la Corte es el único que puede ordenar el cambio en las jefaturas y por eso justifica que López Jerez haya abandonado la Corte Plena antes de los nombramientos. No obstante, expertos consultados por El Faro opinan que en realidad esta atribución del presidente no está expresamente establecida en ninguna legislación.
En una entrevista con El Faro, el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, dijo que la ley no contempla de manera categórica a quién corresponde el nombramiento de los titulares de las oficinas de la Corte. Es decir, si al pleno o al presidente del Órgano Judicial. “El hecho de que el pleno de la Corte haya decidido revocar nombramientos y hacer nombramientos en puridad no constituye una ilegalidad”, dijo Blanco.
En el organigrama del Órgano Judicial, por ejemplo, todas las oficinas del sistema de justicia dependen directamente del presidente de la Corte, pero este a su vez tiene un grado de subordinación respecto de la Corte Plena. Por eso es que Blanco sostiene que no hubo ilegalidad en los nombramientos. “Es el pleno de la CSJ quien tiene la determinación de adoptar estas medidas. Esto no es ni contra la ley ni se le está restando facultades al presidente de la Corte Suprema de Justicia”.
Blanco agregó que los magistrados no están cumpliendo con su labor que, a su juicio, trata de dictar medidas apegadas a la Constitución de la República y decisiones que sean respetuosas a los derechos humanos. “No me extraña que ocurra esta disputa cuando los magistrados están más ocupados por controlar y tener poder, y se descuidan de la tutela de los derechos fundamentales” y agregó que “cuando ocurren esas cosas suelen suceder esta clase de disputas”, señaló el ex juez Blanco que en septiembre de 2021 fue obligado a dejar su cargo por la nueva reforma de la Ley de la Carrera Judicial que forzó a jubilar a funcionarios que tienen 60 años de edad y 30 de servicio.
En el pasado, el nombramiento de jefaturas y gerencias ya ha causado roces internos en corte plena. Durante la presidencia de Belarmino Jaime, entre 2009 y 2012, el consenso para nombrar jefaturas no fue posible por el bloqueo de un grupo de magistrados y magistradas dirigido por Ulices del Dios Guzmán. Jaime optó por hacer uso de las facultades que le da el artículo 27 de la Ley Orgánica Judicial y el 182 de la Constitución de la República.
Los demás nombramientos, según una de las personas que tuvo acceso a la información discutida en Corte Plena, son los siguientes: en la Dirección Investigación Judicial nombraron a Ricardo Calderón; en la Dirección Financiera Institucional, a Carmen Aguilar de García; en la Dirección de Talento Humano, a Ligia Mónica de Gutiérrez; como subjefe de Probidad, Héctor Solís; en la Sección de Investigación Judicial, a Meily Linares; en la Dirección contra Lavado de dinero y activos, a Claudia Orozco, en el Departamento de Prueba y Libertad Asistida, a Lorena Hernández Díaz; en la Pagaduría, a María de la Paz Rivera; en la Dirección de Comunicaciones, a Hugo Mena, y en la Coordinación de Receptora de Demandas, a Luis Carlos García.
