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Asamblea bukelista amplía Régimen de Excepción por 30 días y anula la ley de compras del Estado

Gabriel Labrador

El Régimen de Excepción aprobado el 27 de marzo se amplió por 30 días más durante la sesión plenaria extraordinaria de la Asamblea Legislativa realizada este domingo 24 de abril. Junto a la prórroga, que implica la suspensión de derechos constitucionales fundamentales, los diputados también aprobaron al Gobierno una reforma que le permite saltarse la ley que regula las contrataciones y compras públicas mientras dure el régimen. 

ElFaro.net / Publicado el 25 de Abril de 2022

La Asamblea Legislativa controlada por el presidente Nayib Bukele renovó este domingo el Régimen de Excepción para que, al vencerse este próximo 27 de abril, se mantenga en vigencia por 30 días más, hasta el 27 de mayo. Los diputados oficialistas y sus aliados también aprobaron un decreto que, mientras el Régimen esté vigente, autoriza al Gobierno a saltarse los procedimientos habituales para hacer compras y contrataciones públicas. Esta es una medida muy parecida a una ley que los diputados aprobaron en 2020 para abolir los controles en las compras públicas durante de la pandemia y que permitió compras irregulares por parte del Estado. El 66 % de las compras tuvo alguna irregularidad, según dijo la Fiscalía a finales de 2020. Las compras que se realicen en estos días, según lo aprobado por la Asamblea este domingo, también quedarán exentas del pago de cualquier tipo de impuesto.  

La prórroga al Régimen de Excepción significa que los derechos constitucionales a la libre asociación, a la defensa legal, a ser presentado ante un juez dentro de las 72 horas después de ser detenido y a la inviolabilidad de las comunicaciones seguirán suspendidos por un mes más. La justificación de los diputados, según dijeron en el pleno, es que las autoridades no han terminado de capturar a todos los miembros de las pandillas a quienes el presidente Bukele ya contabilizó en 70,000 miembros activos en las calles. Hasta este domingo, el Régimen de Excepción había permitido la captura de 16,500 personas, según dijo Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad y Justicia, en una breve conferencia de prensa brindada este domingo en la Asamblea. “Este trabajo no se puede acabar en 30 días”, dijo Villatoro. La diputada Rebeca Santos, de La Libertad, lo resumió así: “Imagínense a cuántos terroristas, a cuántas personas que asesinaban vamos a capturar al término de 60 días”. Los diputados dieron a entender que su visión es mantener el Régimen hasta que logren capturar a los todos los pandilleros que están libres. 

Policías llevan a detenidos a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) para presentarles quiénes serán sus abogados defensores. Foto: Víctor Peña / El Faro
 
Policías llevan a detenidos a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) para presentarles quiénes serán sus abogados defensores. Foto: Víctor Peña / El Faro

Las tres principales pandillas del país, Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios, tienen presencia en los 14 departamentos del territorio nacional, aparecieron en El Salvador desde finales de los 80, tras deportaciones masivas desde el sur de California, Estados Unidos, y llevan al menos una década negociando y llegando a acuerdos con gobiernos, incluido el actual, y con figuras de los partidos políticos Arena, Fmln y del actual oficialismo.

La prórroga surge después de casi un mes de que el Régimen de Excepción se aprobó de manera exprés, el domingo 27 de marzo en la madrugada. El presidente Bukele anunció el sábado 23 de abril por la noche que convocaría al Consejo de Ministros para que estos solicitaran la prórroga a la Asamblea. Al tiempo que ocurría la sesión del Consejo, durante la noche del sábado, el presidente de la Asamblea convocó a una sesión plenaria extraordinaria para las 2 de la tarde del domingo. La sesión comenzó pasadas las 4 de la tarde. Una de las iniciativas ingresó al Órgano Legislativo a las 8:38 de la mañana, según el sello de recepción; la otra, que contenía la disposición para saltarse la LACAP, ingresó a las 3:10 p.m.

El Régimen de Excepción y un puñado de reformas legales que aumentan las penas de cárcel y crean jueces anónimos, así como la creación de una ley mordaza para la prensa, han sido la respuesta del Gobierno de Bukele ante el repunte de homicidios que, a finales de marzo, multiplicó por 700 % el promedio diario de asesinatos registrado en lo que va del año. La Constitución permite que se declare el Régimen en caso de “graves perturbaciones de orden público”.

Así como ocurrió cuando aprobaron la ley mordaza hace unas semanas, mientras unos diputados decían que el Plan Control Territorial de Bukele lanzado en 2019 y el Régimen de Excepción habían sido todo un éxito, otros mencionaban que las pandillas siguen sometiendo a la ciudadanía, que los empresarios siguen pagando extorsión, como admitió el diputado William Soriano. En cambio, el diputado Eduardo Amaya mencionó que abril había sido el mes más seguro de la historia del país y que había habido nueve días sin ningún homicidio. En suma, los diputados pintaron un país que, dependiendo del discurso, era muy seguro o aún vivía bajo una crisis de delincuencia que hacía necesario ampliar el Régimen de Excepción. “Mucha gente nunca había sentido esta tranquilidad en su vida, por primera vez seguros en este país por esta decisión fuerte y valiente que ha tomado el presidente”, dijo el diputado Guillermo Gallegos, de Gana.

Al margen de los discursos meramente políticos, ningún funcionario o diputado se detuvo a explicar técnicamente cómo la renovación del Régimen resolverá, en el corto plazo, algunos problemas históricos del país, como la sobrecarga laboral de jueces, fiscales y defensores públicos o el hacinamiento en las cárceles, donde ya había unos 39,000 reos, lo que convertía al país en el segundo en América Latina con la mayor tasa personas encarceladas respecto de la población, solo por debajo de Estados Unidos: 549 por cada 100,000 habitantes, según la CIDH . Esta misma semana la Asamblea aprobó una ley para la construcción de prisiones de manera expedita,  pues la población de reos ya se aproxima a 56,000, según las cifras que compartió el ministro Villatoro. Esto implicaría un crecimiento del 41 % en la población reclusa en cuatro semanas. La Lacap también se anuló para el proceso de construcción de esas prisiones. 

El diputado de Nuevas Ideas Walter Coto dijo el domingo que la cantidad de reos que ya pasaron a la fase judicial de instrucción es de 5,111. La diputada Suecy Callejas, del mismo partido, remató: “¿Cuál es el plan? Seguir los procesos [judiciales]. Si a nadie del que no se tenga pruebas se ha ido a sacar [de sus casas]. A nadie”.

Durante las últimas semanas, sin embargo, han surgido noticias y avisos en redes sociales donde familiares de personas detenidas se quejan sobre la detención arbitraria de parientes que no están relacionados a las pandillas. La Prensa Gráfica reportó el 21 de abril cuatro casos distintos en los que las personas que habían sido detenidas fallecieron por golpizas en el penal de Izalco o por no haber tomado sus medicamentos diarios. En algunos casos, la presión en redes sociales ha llegado a que liberen a algunos detenidos, incluidos casos emblemáticos como el de los empleados de un café que fueron detenidos regresando de su jornada o la detención de un muchacho con discapacidades.

Para acceder a un defensor público y para saber fechas de audiencias penales, los familiares de detenidos deben hacer largas filas afuera de la Procuraduría General de la República (PGR). El Faro constató en el lugar que habían familias provenientes de Puerto El Triunfo (Usulután), Cojutepeque (Cuscatlán) y Sensuntepeque (Cabañas). Foto: Víctor Peña / El Faro
 
Para acceder a un defensor público y para saber fechas de audiencias penales, los familiares de detenidos deben hacer largas filas afuera de la Procuraduría General de la República (PGR). El Faro constató en el lugar que habían familias provenientes de Puerto El Triunfo (Usulután), Cojutepeque (Cuscatlán) y Sensuntepeque (Cabañas). Foto: Víctor Peña / El Faro

Para respaldar la prórroga al Régimen de Excepción, los diputados también echaron mano de una encuesta de la firma Cid-Gallup publicada la semana pasada y según la cual el 91 % de la población está “mucho o algo de acuerdo” con el Régimen. Cid Gallup es dirigida por Luis Haug, un consultor que Bukele contrató como asesor mientras era alcalde de San Salvador. En la sesión plenaria, la encuesta fue usada a discreción por los diputados. “Más del 90 % de los salvadoreños están muy satisfechos con lo que está pasando”, dijo, por ejemplo, el diputado José Urbina.

Los diputados oficialistas también coquetearon con la idea de que el Régimen se convierta en una medida que perdure más allá de los 60 días ya garantizados. “Lástima que la Constitución dice [que se aprueba para] 30 días, nos vemos en un mes si se necesita, y así cada mes. En la guerra nos tuvieron varios años con régimen de excepción y no se les ha olvidado eso”, dijo el diputado Auerbach. Su compañero de bancada, Gallegos, se sumó diciendo que “por mi parte debería ser eterno hasta que desaparezca el último terrorista en este país, pero hay que prolongarlo cada vez que se necesite”.

Los diputados también aprovecharon para criticar a gobiernos y organizaciones nacionales e internacionales que se han mostrado preocupados por la violación de derechos humanos en el país. “A la comunidad internacional: dejen de meterse donde no les llaman. Si ustedes los quieren proteger [a los pandilleros], se los mandamos en combo, en dos de dos”, dijo Walter Alemán, diputado de Nuevas Ideas. “No nos vamos a detener. Aquí no existe comunidad internacional, no hay defensores de derechos humanos”, dijo el diputado Auerbach.

Diputados del FMLN y Vamos votaron en contra de la prórroga del Régimen de Excepción. Diputados de Arena se abstuvieron de votar, excepto Donato Vaquerano que votó a favor de las iniciativas. Un arenero de cepa que fue electo diputado con la bandera tricolor por más de siete elecciones consecutivas. Vaquerano, diputado veterano del departamento de San Vicente,  renunció a Arena a principios de abril. En lo que va del año ha habido una fuga constante de miembros de Arena, entre diputados propietarios, suplentes, alcaldes, exalcaldes y exconcejales y miembros de la estructura patridaria a nivel nacional. En general, los que han renunciado dicen que es porque no se sienten identificados con la estrategia política del partido. 

Suspenden ley que regula las compras públicas

La agenda de la sesión plenaria solo incluía el punto de la prórroga al Régimen de Excepción, sin embargo, el jefe de los diputados de Nuevas Ideas, Christian Guevara, pidió modificación de agenda al inicio de la plenaria para pedir también la inclusión de una segunda pieza de correspondencia enviada por el presidente Bukele. Se trataba de la aprobación de un régimen especial para compras y contrataciones estatales que, en términos sencillos, anula la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

La LACAP fue aprobada en 2000 con el propósito de mejorar y transparentar la manera en la que el Estado ocupaba el dinero público a la hora de hacer compras de bienes y contratos de servicios. Los diputados de mayoría bukelista aprobaron la anulación de la LACAP mientras dure el Régimen de Excepción. “Por lógica, si estamos ante una situación de emergencia para combatir y controlar esta ola de violencia, necesitamos que los plazos y las contrataciones sean de manera acelerada, esto no tiene nada que ver con la transparencia, tiene que ver con obtener las herramientas lo más pronto posible”, dijo el diputado Jorge Castro, de Nuevas Ideas. Marcela Pineda, otra diputada de la bancada oficialista, dijo que respetar los plazos de la LACAP “es un lujo” que el Estado no se puede dar en este momento.

El “Régimen especial transitorio para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, en el marco de la declaratoria del régimen de excepción” fue aprobado con 67 votos en la sesión plenaria. En la redacción del decreto, uno de los considerandos dice que “[…] y debido a que la mayoría de terroristas continúan en libertad, es necesario dotar de las herramientas que permitan operativizar acciones urgentes para combatir a estas estructuras delincuenciales organizadas, con las capacidades correspondientes”.

La LACAP conlleva una serie de plazos y trámites de control que permiten el uso eficiente del dinero público. El régimen transitorio aprobado este domingo obvia esos procedimientos y ordena que el Ministerio de Hacienda diseñe los “instrumentos normativos” para que “permitan realizar contrataciones y adquisiciones para dar cumplimiento a las disposiciones del régimen de excepción”. “En consecuencia”, añade el decreto, “no serán aplicables las disposiciones de la LACAP”.

El Ministro de Hacienda actual, Alejandro Zelaya, fue nombrado en el cargo en julio de 2020, cuando ya se sabía que él estaba investigado por la Fiscalía por compras irregulares del Estado durante la atención de la pandemia. En noviembre de ese año, la Fiscalía comenzó a investigar a Hacienda y a otras 19 instituciones del Estado por otras compras hechas para atender la emergencia por la Covid19. Para ese momento, Zelaya ha había ignorado reiterados llamados de la Asamblea Legislativa para rendir cuentas sobre el uso de 3,000 millones de dólares que se habían aprobado para contener la pandemia.

Marcela Pineda, diputada de Nuevas Ideas, dijo además que el Régimen de Excepción justifica que se dejen de pagar impuestos por compras y adquisiciones que haga el Estado. La diputada mencionó que si bien la LACAP permitía compras directas para acortar los plazos, estas tenían el inconveniente de que obligaban al pago de impuestos, algo que según ella también es un lujo en estos momentos. "Ustedes sabrán que después de la gran cantidad de capturas se vuelve necesario contar con los recursos y el gran costo que tiene a nivel financiero para el Estado", dijo.

Una ley parecida fue aprobada hace dos años cuando comenzó la cuarentena. En aquel momento, los diputados de oposición incorporaron medidas de rendición de cuentas que obligaban, por ejemplo, a que se dieran a conocer todos los nombres de los proveedores. Este domingo, sin embargo, la ley aprobada por la Asamblea bukelista no incluye esos mecanismos, salvo los que defina Hacienda. En 2020, el Gobierno de Bukele incumplió precisamente los puntos de la ley que en ese momento le exigían reportar los gastos para atención de la pandemia. Dos años después, los diputados de Bukele han preferido obviar explícitamente cualquier mención a ese tipo de rendición de cuentas.

En 2021, después de un año de vigencia de la ley que permitía saltarse la LACAP, los diputados bukelistas blindaron todas las compras hechas para enfrentar la pandemia e impedir que se investigaran judicialmente. En ese momento, el 66.8 % de las compras habían sido señaladas como irregulares por la Fiscalía.