Un año más tarde, casi nadie usa bitcoin en la cotidianidad, aunque la ley diga que su uso es obligatorio. El 98 % de las remesas se sigue enviando igual que antes de la ley y no hay datos públicos sobre apertura de empresas cripto y si han generado empleos. Una encuesta de la UCA en mayo de 2022 revela que el 71 % de la población cree que no ha tenido ningún beneficio en su economía por la ley; otro 21.7 % dice haber tenido poco o algo de beneficio. En su discurso de rendición de cuentas del tercer año de gestión, Bukele no mencionó Bitcoin ni su apuesta estelar: la billetera gubernamental Chivo. Un asiduo tuitero, la última vez que mencionó a la Chivo Wallet en Twitter fue en marzo, toda vez que la marca está asociada a un producto inestable para sus usuarios.
Lo que sí ha permitido la Ley Bitcoin es ver quienes detentan y ejercen el poder político real de El Salvador en este momento. Fueron los hermanos Bukele —Karim, Ibrajim y Yusef— quienes decidieron y negociaron en nombre del gobierno las fechas y la forma de la implementación de una decisión con enormes consecuencias para la economía nacional. Y para llevar a cabo la política, la encargada fue una persona de su confianza: la venezolana Sara Hannah, encabezando a un equipo de asesores de ese mismo país. Ni Hannah ni los hermanos Bukele tienen cargos públicos ni rinden cuentas por ningún mecanismo en el gobierno, pero han sido los protagonistas de una política opaca a la que se han asignado, al menos, 200 millones de dólares de fondos públicos.
Hasta el momento de la publicación, el precio de un bitcoin era $30,260, muy por debajo del precio al que Bukele dijo haber realizado su mayor compra el 27 de octubre de 2021. Ese día anunció desde su cuenta la compra de 420 bitcoin a 60 mil dólares por unidad. Pese a ser una estrategia medular en su apuesta por el crecimiento de la economía, en su discurso de tercer año de gestión, el presidente sólo mencionó una vez la palabra bitcoin y fue para recordar su promesa de construir Bitcoin City.