El 4 de junio de 2002, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) firmó un acuerdo con la empresa italiana Enel para que tuviera la mayoría de acciones de la empresa para la explotación de la geotermia, LaGeo. En el 2013, la Fiscalía aseguró que existió un “plan criminal” para la privatización de ese servicio y acusó a 21 personas. Luego de dos años de litigio, la misma Fiscalía pidió un sobreseimiento del caso.