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Que los bienes de un acusado no pasen al Estado o que el acusado pueda participar en la investigación junto a la Fiscalía son unas de las reformas a la Ley de Extinción de Dominio que, según el investigador Roberto Burgos, de El Faro, inutilizan la normativa para luchar contra la corrupción y el crimen organizado. Para entrar en vigencia, la ley aún requiere del aval del Presidente de la República.

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