Tres funcionarios de la Presidencia insistieron durante casi tres meses para que el Instituto de Acceso a la Información Pública entregara reportes con información confidencial de las solicitudes de los ciudadanos. Delegados de la Secretaría Jurídica y de la Secretaría de Innovación protagonizan la serie de intentos del Ejecutivo por mantener un trato preferencial por parte del árbitro que administra datos de las personas que usan la Ley de Acceso a la Información Pública.