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Un año, 400 muertos, 760 presos políticos y 65,000 exiliados después del estallido de la crisis nicaragüense, el país continua dividido ante un régimen que, de facto, ha prohibido las protestas. Los nicaragüenses aprovecharon la coincidencia de la semana santa con el aniversario del levantamiento popular para exigir justicia por los crímenes cometidos por el régimen del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.

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Marvin Recinos (AFP)

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Fred Ramos

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