En estas circunstancias es una cita común decir que la paz se firmó en el último minuto. Así fue, pero se trató de un minuto histórico: comenzó en 1989 y se prolongó hasta 1991. Entonces, en 1989, El Salvador estaba con la urgencia de comenzar el tránsito hacia destinos diferentes a la guerra, aunque ésta todavía tenía aire para más combates. La gente quería dejar de contar muertos cada día; había crecido un ánimo nuevo, la disposición al cambio y a una aventura. Algo parecido ocurre hoy.

Hemos llegado, después de 25 últimos minutos, al cruce de todos nuestros caminos. Tenemos dos manifestaciones sobresalientes: el desbalance fiscal y la alta tasa de homicidios. El primero expresa una crisis; la segunda, otra; a lo mejor es la misma; las que sean, las dos forman parte de una situación crucial. Hoy tenemos coyunturas de inestabilidad y estadísticas alarmantes, elecciones y combates, denuncias y juicios por corrupción.

También los caminos internacionales cercanos presentan señales de inestabilidad. Basta el nombre para recordar la amenaza y vislumbrar el peligro. Es Trump, la deportación masiva, y aún más: el desborde de la guerra nueva que aquí nos azota. Cuando se hace referencia a esta guerra de las pandillas en los debates, lo usual es el enfrentamiento acusatorio, los adversarios que se agarran de las mechas y se lanzan maldiciones. En estas circunstancias, pocas veces se reconoce un problema grave, muy grave, como el de los segmentos de la juventud que están en guerra y a los que el Estado les ofrece poco. Tampoco se asume la emigración, ese otro fenómeno tan persistente en el último siglo y tan determinante para nuestra funcionalidad.

Este aniversario es crucial, no por el cumpleaños de los Acuerdos, sino por todos los asuntos que están en juego, formando un crucigrama de variantes alrededor de una palabra clave: crisis. Ni nuestro nudo fiscal ni nuestra terrible violencia parecen tener solución estructural a la vista. En ese panorama, los Acuerdos de Paz, con sus aportes y carencias, resurgen como factor fundamental e impulso de una nueva historia.

La nueva época

Con los Acuerdos se delimitó un antes y un después. La historia nacional quedó tan marcada por esos papeles firmados el 31 de diciembre de 1991 que se podría situar ahí la frontera de dos siglos políticos: el XX y el XXI.

Aquella noche de diciembre los señores –no se ve a ninguna señora en la foto– que firmaron el documento de Nueva York cambiaron nuestra historia, al poner fin a la guerra y facilitar el pleno despliegue de la fundación democrática. Ese final negociado fue un gran acontecimiento: nunca un conflicto político nacional se había clausurado mediante negociaciones. Tal vez lo más parecido había sido el acuerdo de la Independencia, en 1821. Sin embargo, había una diferencia fundamental: en la Independencia el acuerdo –que se plasmó en el Acta del 15 de septiembre– fue una especie de tregua ante el porvenir incierto; en 1991 las dos partes, al frente de sus ejércitos y después de una década de combates, decidieron parar la guerra, ejecutar una amplia reforma política y disputar el poder en elecciones periódicas.

El acuerdo de 1991 dio lugar a una transición fundacional porque el antecedente de larga duración era la república autoritaria y, si bien el pasado reciente mostraba varias rondas de competencia electoral, estas ocurrieron –entre 1982 y 1991– en una situación general de guerra. En 1994, con las elecciones generales en que el FMLN participó por primera vez, el país no retornaba a una práctica que hubiera extraviado por alguna emergencia; muy lejos de eso, hacía una incursión inédita en la competencia electoral sin exclusiones.

La fundación de la democracia salvadoreña tuvo varias fuentes principales, pero la sobresaliente fue la guerra. Esa fue la característica singular de esa transición, aunque no la única, pues también estaba la competencia electoral librada desde 1982, la mediación internacional y la declinación de la Guerra Fría. La configuración fundacional fue, entonces, muy contradictoria. De un lado tenía la guerra y su destrucción; de otro, el pleno despliegue hacia la democracia. Y todo eso en medio de la inmensidad cultural autoritaria y la fragmentación propia de una sociedad migrante.

El acto más vistoso de la fundación estuvo formado por las elecciones de 1994. Fue un acontecimiento impresionante: el FMLN –que hasta hacía unos meses sostenía un formidable ejército guerrillero– pasaba a la estructuración de una extensa organización electoral.

“Las elecciones del siglo” fue el nombre exagerado que los periodistas pusieron a aquel evento. Antes ocurrió otro acontecimiento extraordinario: la reforma constitucional. La institución central de la histórica república autoritaria era la Fuerza Armada, y esa fue la que recibió el mayor impacto de la reforma. Antes, el artículo 211 de la Constitución de 1983 asignaba a la Fuerza Armada once funciones; a ella le correspondía velar por la soberanía, la integridad territorial, la seguridad pública, el cumplimiento de la Constitución y las leyes, velar por la forma republicana, el régimen democrático, la libertad del sufragio y por el respeto a los derechos humanos, entre otras. ¡Era el corazón de la república autoritaria!

La Asamblea Legislativa recibió los acuerdos de la mesa de negociaciones, no de algún comité especial. Entonces inició una reforma política con un sentido genuino de la constitucionalidad. En efecto, en las últimas horas de uno de sus periodos, en abril de 1991, la Asamblea tomó el acuerdo de las reformas constitucionales; lo ratificó en dos sesiones, a fines de octubre de 1991 y el 30 de enero de 1992, en esta ocasión para desatar al que se llamaba nudo gordiano del proceso, esto es, los artículos correspondientes a la Fuerza Armada.

En estos últimos la misión de la Fuerza Armada quedó enfocada exclusivamente en la defensa de la soberanía y la integridad del territorio. Además, la seguridad pública salió de su jurisdicción y pasó a la nueva policía. Desde la fundación de la República nunca había existido una delimitación tan precisa y acotada de las funciones del cuerpo militar. Tampoco se había registrado un acto de tanta eficacia constitucional, aunque no fuera escrupuloso con las formalidades. Sí cumplía con los acuerdos tomados en la mesa de la guerra.

La Constitución de la guerra –la de 1983, que proclamó a los partidos como las entidades de la representación– fue reformada –en realidad transformada sustancialmente– por un acuerdo de guerra y paz. Fue una reforma definitiva para terminar con la república autoritaria. No era suficiente, en cambio, para acabar con la robusta cultura autoritaria, y menos para el fomento decidido e irreversible de una cultura de paz.

Rasgos heredados

El ánimo antiautoritario se plasmó en otros acuerdos constitucionales, como los de la seguridad pública, los derechos humanos y el procedimiento de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este último tendría como paso medular una lista elaborada por el Consejo Nacional de la Judicatura, según el artículo constitucional 186 reformado. En 2009, los grandes electores –las dirigencias de los dos grandes partidos– decidieron la integración de la Sala Constitucional sin prestarle atención a las exigencias de ese artículo. Y comenzó otra historia político institucional.

Los Acuerdos, su constitucionalidad y su ejecución dieron lugar a la mayor reforma política del siglo XX. Nunca antes habían existido la independencia de los órganos de gobierno, la competencia partidista sin asesinatos, la libertad ni la vigencia de los derechos ciudadanos. La reforma fue política y se gestó en medio de la guerra; quizá por eso dejó cabos sueltos en otros campos fundamentales.

Tal vez el espíritu de los Acuerdos de Paz y de las reformas constitucionales fue superior al de la implementación, pues no había una generación de demócratas para realizarlo. Al contrario, estaban las generaciones formadas en la solidez de la cultura autoritaria y en la reverencia a sus líderes. Bajo esas condiciones se desmontó la institución rectora de la república autoritaria, mientras las nuevas instituciones quedaron sujetas al bipartidismo. En la nueva república no había una entidad rectora como la del pasado; por eso mismo, el recurso de última instancia para solventar las situaciones críticas era el binomio partidista de ARENA y el FMLN.

Los dos grandes partidos de la posguerra consiguieron roles hegemónicos indiscutibles entre sus seguidores, en la dirección del Estado y en la formación de la opinión pública. Desde esos campos, le han dado forma a la política con base en una hegemonía compartida, muy eficaz para garantizar la cohesión del bloque político ideológico propio, aunque muy proclive a los vacíos, la intolerancia y a la inacción en momentos cruciales.

Los resultados electorales han definido las cuotas de poder desde las que se han tendido a erigir trincheras, no fórmulas para la conducción gubernamental. En casi todos los asuntos políticos aparecen las visiones partidistas contrapuestas, con muy pocos puntos de coincidencia. Por su lado, los medios de comunicación con más público han tendido a la difusión acrítica de los enfrentamientos, contribuyendo a la configuración bipolar, a pesar de su proclividad a los enfoques de derechas.

Esta modalidad de las hegemonías tiene orígenes lejanos, quizá desde la guerra, y se ha decantado con intensidad excluyente en los veinticinco años recientes. Hasta en una tragedia como la de los terremotos de 2001 se impuso la exclusión. Los dos bloques políticos ideológicos tienen pocas coincidencias incluyentes, muchas exclusiones y gran facilidad para librar sus debates como jornadas apocalípticas.

Pero aun en esta actualidad de política polarizada sobresalen dos cosas: la separación entre los órganos de gobierno y el control ciudadano. Eso se traduce en una situación única: nunca como ahora hubo tanto control sobre el gobierno. Planteado de otra manera: en los 200 años de la república no hubo un gobierno tan exigido por la opinión pública ni tan obligado al respeto de los otros poderes como el actual.

Un desafío intelectual

Los avances en la independencia de los órganos de gobierno y en la acción de la ciudadanía contrastan con los pocos recursos institucionalesde que disponemos para salir de una crisis como la que se está formado en la actualidad. Durante la posguerra, tal vez nunca hubo una coyuntura tan compleja como la de este 2017. La falta de acuerdos legislativos, el desajuste presupuestario, el aumento de las deportaciones o un incidente cualquiera podrían dar lugar a una situación crítica desconocida.

Existen otras señales críticas, como el marasmo económico. En la base del estancamiento económico se encuentra la inviabilidad del modo de desarrollo de la posguerra. La reforma privatizadora y desreguladora dio lugar a grandes negocios, quizá los más cuantiosos en todo el siglo XX, aunque no generó factores dinámicos sostenibles; más bien condujo al fortalecimiento globalizado de los servicios y el consumo, así como a la debilidad productiva.

Y la mayor evidencia de la inviabilidad del modo de desarrollo vigente es la situación de la juventud. La exclusión del ejercicio de los derechos sociales y la falta de oportunidades para incorporarse al trabajo forman parte de la realidad cotidiana de las mujeres y los hombres jóvenes. La inviabilidad del modo de desarrollo toca el fondo de la vida nacional, atravesado por varias transiciones, como la productiva y la social, que todavía no tienen un perfil definitivo. En efecto, no sabemos cuál será el estado de nuestra población migrante dentro de dos años; desconocemos cómo serán los acuerdos en materia de pensiones que se adopten en los siguientes meses; y, sobre todo, carecemos del ánimo político necesario para buscar el viraje hacia otro modo de desarrollo. Hoy se puede ver, además, que ese viraje está más allá de la alternancia política.

Ahora destaca el carácter crucial de esta coyuntura, porque durante toda la posguerra nunca hubo necesidad de decisiones tan irreversibles. La situación de este aniversario marcará para bien o para mal la siguiente etapa de la historia; de ella saldrá la base para una mejor convivencia o para el aumento de la inseguridad. Una decisión ligera puede llevarnos a más enfrentamientos armados, otra puede ahondar la inestabilidad, y no sabemos todavía cuáles representan nuestras mejores probabilidades.

Durante mucho tiempo hemos puesto los conocimientos en los últimos lugares de las prioridades; por eso ahora sabemos poco sobre las soluciones probables a los problemas del país. En los debates políticos hemos preferido las ocurrencias y las ligerezas estridentes, cuando no los insultos, y así nos va hoy, como en feria, sin vías consistentes hacia el desarrollo. En muchas áreas decisivas de la economía, la política y la sociedad nos falta saber más para identificar nuestras mejores opciones. La vida partidista es una manifestación entre varias donde siguen pesando más los símbolos guerreros, sin que importen las evidencias de las violaciones a los derechos humanos. Como antes, frente a las situaciones críticas, la opción preferida sigue siendo la práctica represiva, aunque los hechos y la más básica reflexión demuestren su inutilidad.

Pocas veces hubo tanta necesidad del aporte de las mujeres y los hombres dedicados a los conocimientos para encontrarle una salida digna a la guerra actual, para encarar nuestro futuro migratorio o descubrir las oportunidades que disminuyan las desigualdades. Ya es costumbre acusar a las dirigencias partidistas por nuestros males, pero tal vez esta sea la hora de ver también a otro lado, al de la gente intelectual, porque periodistas, profesores, investigadores y escritores deberían ilustrarnos más, en especial la generación que ha crecido durante el periodo de mayor libertad para el pensamiento y la acción en toda la historia.

El gran desafío de la actualidad radica en los conocimientos, en las acumulaciones político intelectuales que nos pongan en otras rutas. Las que comenzamos a transitar hace veinticinco años ahora están terminadas, en medio de la inviabilidad de un modo de desarrollo. Necesitamos otras que tengan el espíritu reformador de los Acuerdos y el mismo ánimo de la decisión de salir de la vieja república autoritaria.

*Roberto Turcios es historiador. Entre sus libros destacan "Autoritarismo y Modernización" y "Los Primeros Patriotas". En 1992 fundó la revista de pensamiento Tendencias, que dirigió hasta su desaparición en 2000. Parte de la Comisión nacional de Desarrollo entre 2001 y 2007, durante el gobierno de Mauricio Funes fue asesor del Secretario Técnico de la Presidencia. Es miembro del Comité de Ética de El Faro.