El gobierno de Donald Trump admitió que retuvo millones de dólares en ayuda económica para El Salvador, Honduras y Guatemala como medida de presión para que estos acercaran sus políticas migratorias hacia los intereses estadounidenses.
El 17 de octubre, en Washington, Mick Mulvaney, el jefe de gabinete interino de la Casa Blanca confirmó que Estados Unidos bloqueó la ayuda al Triángulo Norte para que estos países se plegaran a la política de Trump para frenar las caravanas de migrantes y las solicitudes de asilo en suelo norteamericano.
“Estábamos reteniendo dinero al mismo tiempo para los países del Triángulo Norte. Estábamos reteniendo la ayuda para que cambiaran sus políticas de migración”, dijo Mulvaney en una conferencia de prensa en la que comparó la política exterior estadounidense para Centroamérica con sus apuestas en Ucrania, país al que le retuvo una ayuda militar a cambio de que investigara a sus opositores políticos, los demócratas.
El caso de Ucrania es el que tiene a Trump ahora al borde de un juicio político (impeachment) para su destitución. Las declaraciones de Mulvaney pueden marcar un punto decisivo en el impeachment contra Trump, que junto a su equipo habían negado un quid pro quo (un toma y dame) en sus relaciones con Ucrania. “Nosotros hacemos eso todo el tiempo con las relaciones exteriores”, dijo Mulvaney, para luego añadir: “tengo noticias para todos: supérenlo. Va a haber influencia política en las relaciones exteriores”.
El mismo día, pero en San Salvador, reunido con los ministros de seguridad del Triángulo Norte, el secretario de Seguridad interino Kevin McAleenan dijo que “el reinicio de ciertos programas es un reconocimiento de una alianza y del progreso hecho en los últimos cinco meses”, en alusión a los acuerdos alcanzados por el gobierno Trump con los tres países en los últimos meses.
El Faro preguntó si el recorte y ahora la devolución de los fondos tras la firma de los acuerdos podía interpretarse como una política del garrote y la zanahoria. McAleenan respondió que la restauración de programas de cooperación es “una declaración importante, pero en verdad solo es un reconocimiento de una alianza continua que se ha desarrollado y ha ganado impulso en los últimos cinco meses”.
Para el caso de Centroamérica es posible ver una secuencia de hechos y llegar a la conclusión de que Estados Unidos usa su dinero para presionar a otros gobiernos a cumplir sus demandas. En específico para que Honduras, Guatemala y El Salvador ofrezcan algo que no tienen: seguridad para extranjeros solicitantes de asilo. Solo en el caso de El Salvador, entre 2014 y 2018, 148,138 ciudadanos salvadoreños presentaron solicitudes de asilo en Estados Unidos. Por el contrario, en el país solo 73 extranjeros solicitaron asilo en el mismo periodo.
Trump amenazó con cortar la ayuda al Triángulo Norte desde que las caravanas salieron en octubre de 2018 . En marzo de este año, el presidente reiteró esa amenaza porque consideró que los países centroamericanos “no estaban haciendo suficiente para prevenir las caravanas”. Tres meses más tarde, en junio, el departamento de Estado congeló aproximadamente 550 millones en ayuda a esos países. Un mes más tarde, en julio, Guatemala firmó su acuerdo para recibir asilados , que primero fue denominado “acuerdo de país seguro”, aunque ahora el gobierno estadounidense reniegue del término. Dos meses después, El Salvador lanzó su patrulla fronteriza y firmó su propio acuerdo . Honduras siguió poco después . Ahora, en octubre, Estados Unidos libera 150 millones, un cuarto de la cooperación que ya estaba presupuestada.
McAleenan, que a finales de este mes terminará su periodo como secretario de seguridad estadounidense, dijo que desde mayo ha visto en sus homólogos centroamericanos a “socios que trabajan en el desafío de la migración irregular, el crimen trasnacional y un esfuerzo conjunto para hacer progreso significativo”.
El funcionario estadounidense no confirmó la cifra aunque múltiples reportes de medios en Estados Unidos señalan que se trata de cerca de 150 millones. Lo que sí hizo fue explicar el destino de esa ayuda en tres rubros: programas para apoyar a las policías y dedicados a la seguridad y aplicación de la ley; y programas de reintegración y repatriación de retornados. “Queremos que cualquier persona que regrese a casa prospere y sea procesado apropiadamente”, dijo. Un tercer aporte será para la prevención de la migración con actividades extracurriculares para jóvenes en las escuelas, como ligas deportivas en El Salvador, o programas de emprendimiento en Honduras, según explicó el funcionario estadounidense.
No está claro si los fondos irán directamente para la implementación de los acuerdos de asilo. McAleenan dijo que cada país avanza a ritmo diferente, aunque Guatemala lleva la delantera. El ministro salvadoreño Rogelio Rivas aseguró que no se requiere de ratificación de la Asamblea para este acuerdo porque se trata de un “memorando de entendimiento”.
Pese a la claridad de la política anti solicitantes de asilo de Estados Unidos, según McAleenan ellos buscaron los acuerdos para seguir las recomendaciones de la agencia para los refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR. “Esta es la política de ACNUR para la región, incrementar la capacidad de asilo en los países que pueden invertir en ello”, dijo. A juzgar por la poca demanda de asilo en El Salvador, esta no era una necesidad urgente para el país.
El país inseguro que da seis asilos por año
Entre 2014 y 2018, de un total de 73 solicitudes, el Estado salvadoreño concedió cuatro de cada 10 asilos, 29 en total. Esa es toda la capacidad que tiene el sistema salvadoreño en la actualidad, según el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Entre 2014 y 2018 hubo 73 solicitudes de asilo en el país, según cifras de ACNUR . Nicaragüenses son los que más pidieron asilo, con 20 aplicaciones en 2018, año en que estalló una crisis política y grupos armados afines al orteguismo reprimieron a la población. Los sirios siguen en el segundo escalón con nueve aplicaciones, al igual que los hondureños. El top cinco lo completan Afganistán e Irak con cinco aplicaciones cada uno. Ciudadanos de otros 12 países también buscaron refugiarse en el país, incluidos países latinoamericanos como Venezuela, Colombia, Cuba, México y Guatemala, pero también africanos como Somalia, Eritrea, Namibia, Egipto y la República Democrática del Congo. Incluso hubo un estadounidense que aplicó en 2017 pero su solicitud fue rechazada, según los datos de ACNUR.
¿Pero a quiénes ha concedido refugio un país que no puede garantizar seguridad a sus propios ciudadanos? Son ocho hondureños, cinco sirios, cinco iraquíes, tres nicaragüenses, tres mexicanos, dos guatemaltecos, un colombiano, un peruano y un congoleño. 19 hombres y 10 mujeres. Cuatro en 2018; cuatro en 2017; dos en 2016; 11 en 2015 y 7 en 2014.
El Salvador otorga refugio en dos circunstancias. Uno, para personas perseguidas en sus países por “motivos de raza, etnia, género, religión o creencia, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas”. Dos, para quienes huyan de “violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos” en sus países.
Para concederles asilo, en el país opera la comisión para la determinación de la Condición de Personas Refugiadas (CODER). Esa comisión, según Cancillería, está integrada en total por nueve personas, entre técnicos y directores. La respuesta no detalla si esas personas están dedicadas exclusivamente a este trabajo o si desempeñan otras responsabilidades.
Con esas condiciones es que El Salvador firmó un acuerdo con Estados Unidos para atender y asilar a extranjeros que la nación norteamericana envíe . En el acuerdo firmado, no hay números mínimos o máximos de solicitantes de asilo que El Salvador puede recibir.
Que haya pocos extranjeros pidiendo asilo en El Salvador en el último lustro quizá tenga que ver con que el país no es atractivo para vivir. Las solicitudes de los últimos años coinciden con un país donde la Policía le declaró una guerra (con otras dimensiones y características) a las pandillas. Entre 2014 y 2018 la Policía ejecutó a 116 personas fuera de la ley, según la Procuraduría de Derechos Humanos y en 2015 El Salvador volvió a ser el más violento del mundo.
Desde entonces, la violencia de las pandillas –y la violencia ejercida por cuerpos de seguridad- han colocado al país en la lista de aquellos que reconocen, ante Naciones Unidas, sufrir de desplazamiento forzado por la violencia.
El país de los desplazados
El aplauso del gobierno estadounidense al buen comportamiento de El Salvador ocurre dos semanas después de que el país confesara una realidad que desentona con la noción de un “país seguro” dibujada en el contexto de los acuerdos migratorios. El 3 de octubre, el ministro de Seguridad Rogelio Rivas dijo a ACNUR que el gobierno de Nayib Bukele es el primero en reconocer “oficialmente la existencia de víctimas en calidad de desplazamiento forzado”.
Rivas lo resaltó como un punto más de diferencia con los gobiernos anteriores, ese énfasis tan importante para la administración Bukele. “El gobierno anterior lo trataba de maquillar evidenciando la incapacidad que tenían ellos como seguridad pública de darle seguridad a las personas en los territorios”, subrayó.
En una secuencia cargada de ironías y contradicciones, el Ministerio de Seguridad ha aceptado que los salvadoreños sí lo abandonan todo para huir de la violencia, en tiempos de los “acuerdo de cooperación de asilo” con Estados Unidos. A esta secuencia hay que agregarle que, el 1 de octubre, Estados Unidos redujo una alerta de viaje para El Salvador que había estado vigente desde 2013, según información de la embajada estadounidense.
La versión del país del ministro se apega más a la realidad que sufren los sectores más vulnerables. De El Salvador huyen tantos, que las deportaciones desde Estados Unidos y México han aumentado un 60 % este año respecto al 2018. Huyen tanto que el Gobierno lanzó una patrulla fronteriza, ideada y financiada en parte por Estados Unidos precisamente para evitar que sigan huyendo y busquen asilo en el norte. Solo en 2018 hubo 8,970 personas víctimas de diferentes hechos de violencia, según Rivas. En ese país, el Gobierno inauguró 25 oficinas para atender un problema grave que por fin se reconoce ante la ONU: el desplazamiento forzado interno a causa de la violencia.
Que en El Salvador hay desplazamientos forzados provocados por la violencia es una verdad a la que ACNUR le prestó atención desde 2012, cuando reportes periodísticos dimensionaron el problema de las comunidades que huían . Sin embargo, a los gobiernos del FMLN les costó reconocerlo con todas sus letras. Lo llamaban con eufemismos “movilidad interna a causa de la violencia”. La PDDH y organizaciones no gubernamentales han alertado del fenómeno desde 2015. Pero fue hasta julio de 2018 que la Sala de lo Constitucional amparó a varias víctimas y obligó al Gobierno a reconocerlo.
“La Sala Constitucional dio por declarado en su fallo que en El Salvador existía el fenómeno de desplazamiento forzado de personas originado por violencia o inseguridad, que afectaba grupos colectivos vulnerables de distintas zonas geográficas del país controladas por pandillas”, dijo Rivas.
Es difícil ponerle números a un problema que hasta hace poco no era reconocido. “A partir de hoy vamos a llevar un registro”, prometió el ministro. Sin embargo, las estimaciones hacen pensar que estas oficinas recién inauguradas partirán con una demanda que difícilmente podrán satisfacer.
En marzo de 2018, un informe del ministerio de Seguridad concluyó que en el 1.1 % de las familias salvadoreñas “al menos uno de sus integrantes se vio obligado a cambiar su lugar de residencia habitual dentro del El Salvador entre 2006 y 2016 como resultado o para evitar los efectos de hechos de violencia”.
Celia Medrano, directora de programas de Cristosal, interpreta ese porcentaje de 1.1 como un mínimo de 23 mil y un máximo de 200 mil desplazados, basada en ejercicios de proyecciones de datos. Cristosal es una organización que ha abanderado la lucha porque el gobierno salvadoreño reconozca el desplazamiento forzado y atienda a víctimas de desplazamiento. Entre abril de 2016 y mayo de 2017, la PDDH reportó 458 víctimas de desplazamiento . El Estado hasta ahora se ha comprometido a crear un registro, una estadística oficial.
El Salvador de Donald Trump
Para El Salvador, el descongelamiento de 150 millones para el Triángulo Norte (todavía se desconoce cuál será el porcentaje que le toque a cada país) viene a ser un segundo espaldarazo del Gobierno Trump tras la complicidad en el tema migratorio del gobierno Bukele.
Hasta la fecha, la más evidente fue la reducción de la alerta de viaje que Estados Unidos dio a los connacionales interesados en hacer turismo en El Salvador. Según Trump, ahora El Salvador es menos peligroso para los turistas estadounidenses, según la actualización a la alerta de viaje que el Departamento de Estado hizo el pasado 1 de octubre.
Ese país seguro, y que atraerá turismo, es clave en la gestión diplomática del presidente Bukele, que supo del cambio de alerta dos semanas antes de que este se materializara.
“Estados Unidos va a bajar la alerta turística hacia El Salvador, me estoy adelantando, ojalá que no me lo vayan a quitar por haberlo dicho, pero va a bajar la alerta”, dijo Bukele en una conferencia celebrada el 18 de septiembre, dos días antes de que la canciller Alexandra Hill firmara el acuerdo de asilo con Estados Unidos.
Siete días más tarde, en declaraciones a El Diario de Hoy, la ministra de Turismo, Morena Valdez, dijo que bajar el nivel de alerta fue uno de los puntos abordados en la reunión bilateral que Bukele y Trump sostuvieron en el marco de la Asamblea General de la ONU, pero Bukele negó en una entrevista en Fox News que hubiese pedido algo a cambio del acuerdo de asilo.
La embajada estadounidense en El Salvador señala que no fue una apuesta consensuada. Según dijo, el departamento de Estado realiza revisiones a sus alertas de viaje cada seis meses. El Salvador tenía una advertencia desde 2013, pero el método de clasificación en cuatro niveles se instauró en 2017. El Salvador estaba, desde entonces, en el nivel 3: “reconsidere viajar”.
“No creo que la Oficina de Servicio a Ciudadanos en el Exterior (BCIS) haga actualizaciones de alertas solamente por razones políticas, ni que clasifique como seguros a países que son claramente peligrosos. Pero sería ingenuo pensar que no hubo un aporte político a la decisión”, dijo Geoff Thale a El Faro. Thale es director de Programas de WOLA , la Oficina de Washington para Asuntos de Latinoamérica, una organización que investiga y defiende la promoción de derechos humanos.
“El nuevo nivel de alerta de El Salvador ahora es el mismo que países como Francia, España, Inglaterra y Alemania”, tuiteó Bukele cuando anunció la actualización. En realidad, la categoría 2 es muy amplia. Es igualmente cierto que El Salvador está en la misma categoría que Guatemala, México, Brasil o Colombia, países con asuntos significativos de crimen y violencia, señaló Thale. Ahora solo quedan tres países en el Hemisferio Occidental con nivel de alerta tres: Haití, Nicaragua y Honduras, este último también firmante de un acuerdo con Estados Unidos para recibir asilados.
“Algunos aseguradores de agencias de viajes y universidades no emiten seguros de viaje para países en nivel 3 o 4. Eso tiene un impacto real en el volumen de viaje y turismo”, dijo Thale. “Dudo que haya habido un quid pro quo explícito, pero es posible que oficiales estadounidenses se hayan comprometido a urgir a exhortar a sus colegas para que den una reseña más favorable en medio de las discusiones”, agregó el experto.
