Cuando el FMLN y el Gobierno firmaron la paz, el país se encontraba en medio de un notable proceso de transformación estructural que había acelerado el tránsito de una sociedad típicamente rural a una más urbana y de una economía cafetalera a una economía de comercio y servicios.

Al salir de la guerra se había profundizado la tradicional dependencia de la economía salvadoreña con Estados Unidos, a través de las migraciones y las remesas familiares, y se había modificado la matriz de poder en las élites económicas, en detrimento de las agrarias tradicionales y a favor de las elites vinculadas con las nuevas actividades dinámicas, particularmente el comercio, la banca y los servicios (industriales, logísticos, comerciales) y algunas exportaciones no tradicionales agrícolas e industriales.

Dado que el modelo económico tuvo un tratamiento marginal en las negociaciones de paz (consignándose solo “una plataforma mínima de compromisos”), los cuatro gobiernos de ARENA contaron durante veinte años con la oportunidad de aprovechar los cambios socioeconómicos generados por la guerra y la crisis global que atravesó el país en la década de los ochenta (particularmente la existencia de las remesas familiares y el auge de la demanda interna, que estuvo reprimida durante la guerra) para intentar el establecimiento de diferentes modelos económicos, en función de los intereses específicos de cada gobierno, implementando una agenda económica fundamentada en el paradigma neoliberal, que planteaba la hegemonía absoluta del mercado como el ente que asigna los recursos y abogaba por un repliegue del Estado del ámbito económico.

De esta manera, a lo largo de dos décadas se implementó una agenda económica paralela contradictoria con la agenda de la paz. El propósito principal de la primera fue generar nuevos espacios de acumulación de capital resultantes de las privatizaciones, de la desregulación y de la liberalización de la economía, y de aquellos vinculados con la globalización económica mundial. En cambio, la implementación de la reforma política contemplada en los Acuerdos de Paz buscaba ampliar y consolidar el régimen político democrático, sentar las bases para la convivencia pacífica y una paz firme y duradera. Como resultado de estos procesos se fue configurando en el ámbito socioeconómico un modelo que estaba fundamentado en la visión del rebalse y en un enfoque puramente economicista, que justificaba e incluso legitimaba la desigualdad económica y la exclusión social, y carecía de mecanismos distributivos y redistributivos adecuados y eficaces que pudieran mitigar los efectos sociales negativos generados por el mercado.

A medida que pasaron los años, el nuevo modelo fue demostrando sus grandes fallas y debilidades, sobre todo su absoluta incapacidad para generar crecimiento económico alto y sostenido y, consecuentemente, suficientes empleos dignos e ingresos para la población, en especial para la más joven en edad de trabajar. De hecho, desde hace más de una década la economía se encuentra atrapada en un peligroso círculo vicioso de bajo crecimiento-baja inversión-bajo nivel de empleo, que además de estar erosionando las bases materiales de la democracia, contribuye a la violencia social y a la migración interna y externa, al imposibilitar la inserción productiva y laboral de los jóvenes.

Aún con sus graves fallas y a su evidente inviabilidad histórica, el modelo económico descrito anteriormente continua vigente en El Salvador, pese a las modificaciones que le introdujo el primer gobierno de izquierda, sobre todo con la inclusión de nuevos mecanismos redistributivos (Sistema de Protección Social Universal, Reforma del Sistema de Salud, política salarial activa, aumento de la progresividad del sistema fiscal, etc.). Otras modificaciones realizadas fueron el diseño de un nuevo sistema de incentivos de promoción de la inversión productiva nacional y extranjera; el fortalecimiento de nuevos agentes económicos (mujeres productoras, pequeñas y medianas empresas, diversas modalidades cooperativas, etc.); la apuesta estratégica por el sector agropecuario y por el desarrollo integral de la zona costero-marina; la regulación eficiente de los mercados, y la ampliación de la participación ciudadana en la definición de políticas públicas. Estas modificaciones no buscaban sustituir el modelo imperante, sino más bien sentar las bases para la construcción, en el mediano plazo, de un nuevo modelo más productivo, eficiente e inclusivo. Si bien estas políticas produjeron resultados importantes en términos de la reversión de la crisis económica de 2008-2009, de reducción de la pobreza y de la desigualdad y de una mejor regulación de mercados, sus efectos se vieron limitados por la demora en su implementación y por la posterior discontinuidad que sufrió la mayoría de ellas, sobre todo las de naturaleza económica, con la llegada del segundo gobierno de izquierda, quien siguiendo la tradición de gobiernos anteriores, cometió el error de intentar “comenzar de cero”, dejando a un lado la mayoría de políticas heredadas, perdiéndose de esta manera la oportunidad histórica de avanzar en la construcción de las bases de un nuevo modelo.

Desde otra perspectiva de análisis, una razón explica el poco avance realizado por los gobiernos de izquierda en la construcción de las bases de un nuevo modelo económico. Además de las limitaciones materiales que dichos gobiernos han encontrado debido a la grave crisis fiscal que afecta el país desde hace varios años, la razón principal del poco avance es el “blindaje” del que fue revestido el modelo económico actual a lo largo de las cuatro administraciones de ARENA, mediante la promulgación de leyes, suscripción de tratados, reformas institucionales y reformas económicas. El blindaje imposibilita a cualquier gobierno hacer modificaciones sustanciales en el corto plazo, sobre todo en áreas estratégicas como la comercial, la cambiaria, la financiera y la de inserción internacional. A este blindaje ha contribuido, además, la profundización de la globalización, que obliga a jugar las reglas establecidas por el mercado mundial, y sobre las cuales el país no tiene ninguna capacidad de incidir. Por ello, la única manera de cambiar el actual modelo económico es mediante la construcción de acuerdos nacionales y legislativos que posibiliten la modificación del marco legal e institucional sobre el cual se asienta el modelo y que, a su vez, permitan la movilización de una cantidad suficiente de recursos internos y externos para dedicarlos a financiar una estrategia que combine la eficiencia económica con el desarrollo social y sea compatible con la profundización de la democracia.

El análisis anterior sugiere que, en el caso de El Salvador, el proceso de paz ha adolecido de una tremenda contradicción: ha intentado construir una paz firme y duradera en el contexto del funcionamiento de un modelo económico que genera y perpetúa la desigualdad y la exclusión, y carece de mecanismos redistributivos apropiados para asegurar que la riqueza generada se distribuya equitativamente. Dicho de otro modo, en El Salvador se ha querido construir la paz sin remover las causas estructurales que históricamente han generado y alimentado la violencia social. Es esta contradicción la que explica, en parte, la gran paradoja del proceso de paz salvadoreño, consistente en su enorme capacidad de avanzar en una reforma política importante que ha fortalecido el sistema democrático y que logró la inserción exitosa del antiguo ejército guerrillero, y su notable incapacidad de detener el resurgimiento de nuevas formas de violencia social que a estas alturas ya han cobrado más vidas humanas que en la época de la guerra. (Fin)

*Alexander Segovia es Presidente del Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y el Cambio Social. Economista y autor de varios libros, fue secretario técnico de la Presidencia durante el gobierno de Mauricio Funes (2009-2014).