El Salvador gozó de una de las tradiciones de mayor estabilidad monetaria en América Latina desde que los primeros colones circularon en 1892. La inflación más alta que aquí se ha registrado, de 35% en 1985, resulta prácticamente microscópica comparada con las hiperinflaciones clásicas de muchos países latinoamericanos (Bolivia, Perú, México, Argentina, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, etc.). Por eso resulta paradójico que uno de los argumentos principales que los promotores de la dolarización adujeron para sustituir el colón por el dólar, a partir del 1 de enero de 2001, haya sido el de garantizar tasas bajas de inflación.

Para mantener inflación baja, no es necesario renunciar a la moneda propia. Perú y Chile, los dos países latinoamericanos que han registrado las tasas promedio más bajas desde 2000, no están dolarizados, sino que han adoptado esquemas de metas explícitas de inflación. La clave para lograr bajas tasas de inflación está en el manejo disciplinado del brazo monetario, no en su amputación.

Quienes impusieron la dolarización en El Salvador no se tomaron la molestia de analizar con un mínimo de rigor técnico las implicaciones de esa decisión. Estaban obnubilados por una visión hayekiana, profundamente ideologizada, de que el Estado óptimo es el Estado mínimo. Irónicamente, apoyaron, desde el Estado, la supresión de uno de los principales precios que el mercado necesita para hacer su trabajo: el tipo de cambio. Las consecuencias de esa decisión precipitada las seguimos viviendo hasta la fecha. Desde la adopción de la dolarización, El Salvador se ha visto atrapado en una combinación de bajo crecimiento, desbalances fiscales y moneda dura que ha mostrado ser una trampa letal en otros países, como Argentina y Grecia.

La dolarización no ha alcanzado ninguno de los presuntos objetivos que perseguía. Si bien ha tenido un efecto favorable para reducir las tasas de interés, éste ha sido marginal en un contexto internacional de tasas bajas. En todo caso, el acceso a financiamiento relativamente más barato no se ha traducido en un estímulo para la inversión, sino para la expansión del consumo. Como resultado de ello, la dolarización no ha generado un ambiente propicio para aumentar las tasas de crecimiento y generar empleos e ingresos, sino que más bien ha reforzado un modelo económico consumista y poco productivo.

La dolarización ha afectado también la competitividad de los exportadores salvadoreños y empeorado los desbalances externos del país. Aunque la base de la competitividad de una economía debe ser la productividad y no las ventajas que otorga la manipulación del tipo de cambio, la experiencia internacional muestra que las economías exportadoras más exitosas presentan por lo general mayor flexibilidad cambiaria. La dolarización tampoco ha ofrecido un blindaje para enfrentar choques externos. Más bien ha aumentado la vulnerabilidad del país al carecer del tipo de cambio como amortiguador ante situaciones de crisis. La reciente “Gran Recesión” global ha mostrado que los países con tipos de cambio flexible y mayor versatilidad monetaria están mejor equipados que las economías con tipo de cambio fijo para responder a choques externos y manejar problemas de liquidez en el sistema financiero.

Dada la frágil base macroeconómica sobre la que está montada, probablemente la dolarización no es sostenible en el mediano plazo, si El Salvador continúa estancado en su senda de bajo crecimiento y no realiza los ajustes fiscales apropiados. La sostenibilidad de la dolarización no se logra por decreto. Lo que un gobierno dice que va a hacer y lo que de hecho puede hacer suelen ser dos cosas muy diferentes cuando los objetivos de política que se pretende alcanzar no son consistentes con las condiciones económicas objetivas. La historia de la política económica está plagada de experiencias que ilustran esta tensión. Las promesas fallidas de José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari de defender el peso ante las devaluaciones de 1984 y 1994, respectivamente; la incapacidad de Fernando de la Rúa para evitar el colapso de la convertibilidad argentina en 2001; los compromisos de George H. W. Bush y Mariano Rajoy de no aumentar impuestos, incumplidos una vez que culminaron sus campañas presidenciales y se enfrentaron a la dura realidad fiscal de sus países, constituyen ejemplos conspicuos, entre muchos, en esa tradición.

Previsiblemente, la salida de la dolarización tendría costos económicos, sociales y políticos muy altos en el corto plazo; en cualquier caso, no resolvería automáticamente el problema del bajo crecimiento económico o los desequilibrios de las finanzas públicas. El lento crecimiento del país obedece en gran medida a debilidades estructurales de competitividad y productividad que habría que resolver, aun si se revirtiera la dolarización. Superar estas debilidades requiere el mismo tipo de consensos nacionales básicos que el país necesita para enfrentar sus otros desafíos fundamentales y ser viable.

*Carlos Acevedo es economista, autor de artículos y libros. Fue presidente del Banco Central de Reserva (2009-2013).