En el cuarto de siglo transcurrido desde los Acuerdos de Paz, 2002 fue el año en el que menos homicidios se registraron en El Salvador. Acaba de cerrarse 2016 con casi 5 mil 300 asesinatos, un promedio de 14.4 cada día y una tasa de 81 homicidios por cada 100 mil habitantes, y el gobierno –sin ruborizarse– está asociando estas cifras con las palabras ‘éxito’ y ‘logros’. Si compráramos ese discurso, los menos de 2 mil 200 homicidios durante aquel 2002, su promedio de 5.9 diarios y la tasa de 36 por cada 100 mil deberían sonarnos a la antesala del Jardín del Edén. Pero no.

La violencia homicida está en la agenda del sistema de Naciones Unidas desde hace décadas. Analizaron lo que sucede aquí, allá y más allá, y llegaron a la conclusión de que toda ciudad, región o país en el que asesinan a 10 personas o más por cada 100 mil habitantes sufre “epidemia de violencia”.

Desde la firma de los Acuerdos sumamos 25 años consecutivos con tasas entre cuatro y diez veces superiores al límite que establece la ONU. Más de 90 mil asesinatos. ¡90 mil asesinatos! Más los heridos, los amputados, los desplazados, desaparecidos, torturados, violados, asilados… No es una afirmación para hacer amigos, pero la violencia es uno de los rasgos definitorios de nuestra sociedad y, por extensión, de cada una de las personas que la integramos. Los salvadoreños somos violentos. Nuestra tolerancia hacia la violencia nos define.

El pretexto para esta reflexión es el aniversario de los Acuerdos. Y obvio que la violencia no arrancó en 1992, ni en 1980, ni siquiera en 1932. Y que no terminará en 2017. Pero en 1992 se alinearon los astros para establecer un punto y aparte en la historia de la República. Las fuerzas políticas, sociales y económicas tuvieron la oportunidad de redefinir en pocos meses la hoja de ruta de todo un país, al punto que hay quienes llaman aquel proceso como una refundación del Estado. Se hizo, además, bajo supervisión internacional. Si la resulta de aquella oportunidad histórica es la sociedad enferma que tenemos hoy, parece complicado concluir algo diferente a que, por acción u omisión, en este cuarto de siglo no se han hecho muy bien las cosas.

Un matiz importante es que todos y cada uno de los 25 años hemos estado bajo niveles epidémicos, pero no por ello representan una secuencia homogénea. En el primer lustro de la posguerra, las tasas de homicidios se dispararon arriba de 120, como si El Salvador se revolviera con virulencia contra la palabra ‘paz’. En 1994 y 1995 hubo más homicidios incluso que en el terrorífico bienio 2015-16, y eso que el país tenía un millón de habitantes menos.

La segunda mitad de la década de los noventa, al contrario, estuvo marcada por un abrupto y sostenido descenso en las cifras de asesinatos y, en general, de todos los delitos. En esta tónica se llegó hasta aquel 2002. Por la marcada curva descendente es válida la interpretación de que quizá no se estaban haciendo tan mal las cosas. Pero a mediados de 2003, el gobierno saliente del expresidente Francisco Flores le apostó al manodurismo para afrontar el fenómeno de las maras, aún magro si se compara con el monstruo actual. Del inicio del manodurismo para acá todo ha sido un agravamiento continuado en las cifras de homicidios y, más aún, en el diario vivir de millones de salvadoreños que residen o trabajan en zonas dominadas por las pandillas. Llámese ‘Mano Dura’, ‘Súper Mano Dura’, ‘Sarissa’, ‘Ley de Proscripción’ o ‘Medidas extraordinarias’, cuatro administraciones consecutivas han apostado por la represión en sus políticas públicas de seguridad, con la única excepción del proceso llamado la Tregua (2012-2014), un experimento imposible de etiquetar en pocas palabras, pero que logró, durante dos años, que las tasas de homicidios se asemejaran a las habidas en 2002 y 2003.

El periodo 1992-2017 calza casi medido con el cuarto de siglo de implantación, desarrollo, explosión y radicalización de las maras, la expresión más brutal y masiva de todas las violencias que proliferan en la sociedad salvadoreña. La chispa del fenómeno la importamos del sur de California antes incluso de la firma de los Acuerdos, pero son las condiciones de esta sociedad las que permitieron que expresiones de violencia juvenil se convirtieran primero en un problema de seguridad pública y después en un problema de seguridad nacional. Placazos de la Mara Salvatrucha y de la 18 pueden verse en Estados Unidos, en Chiapas y en Milán, pero solo en El Salvador esas letras y números hallaron tierra fértil para su desmedida multiplicación; ni siquiera en sociedades mucho más parecidas, como la guatemalteca y, sobre todo, la hondureña, las maras han devenido un problema de convivencia social tan grave y extendido.

Los salvadoreños somos el caldo de cultivo idóneo para las maras.

En los noventa, las proto-maras mataban y violaban, pero otros peces más grandes –las bandas de secuestradores, de robafurgones, de narcotraficantes– generaban la mayor cuota de luto y dolor. Fue hasta el final de la década pasada, e inicios de la presente, que las maras se convirtieron en el depredador más temido.

Es fácil señalar a la clase política, a la judicatura, a la academia, al periodismo, al voraz empresariado, a las oenegés, al… Y es fácil señalarlos porque son actores clave en toda sociedad, pilares fundamentales del entramado social del que, en El Salvador, surgieron las maras. Más difícil resulta mirarse en el espejo y concluir que nuestro voto, nuestros prejuicios, nuestra forma de relacionamos con los demás o nuestro sistema de valores son corresponsables de haber creado eso que tanto odiamos.

En julio de 2003, en plena curva descendente de las cifras de homicidios, el entonces partido gobernante (ARENA) apostó por el manodurismo como estrategia electoral. Cometió así uno de los errores estratégicos que más dolor ha provocado entre los salvadoreños, pero lo hizo porque somos una sociedad en la que la represión da más votos que la inversión en educación o en sistemas efectivos de reinserción.

Algo parecido puede decirse de las medidas extraordinarias –la versión efemelenista del manodurismo– impulsadas por la actual administración. Es de abecé que un Estado de derecho no se fortalece con la sistemática violación de los derechos humanos, pero hoy por hoy genera más votos que respetar las leyes o que proponer un diálogo transparente. Somos la sociedad más violenta del mundo, y se evidencia en indicadores que van más allá de las dantescas cifras de violencia homicida, como que decenas de miles de estudiantes abandonan las clases cada año por temor a ser asesinados, o como que a un político no le supone costo alguno tuitear “Muerte a los mareros”; al contrario, un año después lo eligen presidente de la Asamblea Legislativa.

El Salvador celebra la paz cuando –salvo los sectores con recursos para comprar tranquilidad– no conoce la paz. La inseguridad y la violencia han logrado que una mayoría renuncie a pasear por la ciudad, a escalar un volcán, a acampar con los amigos en un paraje natural, a... Son demasiadas las renuncias, tantas que algunas ya las asumimos como naturales. Quien puede huye del transporte público. Quien puede saca a sus hijos de las escuelas públicas.

Un cuarto de siglo no ha sido suficiente para revertir las pobrezas, las desigualdades, la polarización política, los machismos, la debilidad institucional, el clasismo que lo recubre todo. Al contrario, algunos de esos factores siguen fortaleciéndose.

De esa masa se nutren las maras. El éxito social de la MS-13 y de la pandilla 18, su vertiginosa expansión, es más consecuencia que causa del tipo de sociedad que somos. Si no lo asumimos, si seguimos esperando resultados idílicos de estrategias estrictamente represivas que ya demostraron lo contraproducente que son, el 16 de enero de 2042 volveremos a necesitar el maquillaje de las celebraciones pomposas y de los discursos grandilocuentes, después de otros 25 años de esta maldita epidemia de violencia que nos está destruyendo. (fin)

*Roberto Valencia es periodista de la Sala Negra de El Faro, licenciado en Periodismo por la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea.