El gobierno del FMLN y los partidos de oposición celebraron juntos la conmemoración del 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de paz, pero anunciaron que han solicitado a la Organización de las Naciones Unidas un mediador que facilite un nuevo diálogo para lograr entendimientos que ayuden a solucionar los principales problemas por los que atraviesa El Salvador. 

Este 16 de enero, 25 años después de haber logrado el fin de la guerra gracias al diálogo y la negociación, tanto el gobierno como la oposición reconocieron que de nuevo necesitan un mediador, un facilitador, un tercero en la mesa de discusiones de los temas más importantes, en una especie de aceptación tácita de que los puentes y los acercamientos están rotos. Este nuevo ejercicio, según han dicho las partes, es crucial en un contexto en el que El Salvador camina al borde del impago por la precariedad en sus finanzas públicas, y de alta complejidad en términos de seguridad pública, pues en dos años se han acumulado cerca de 12 mil homicidios. En 2015 el país se coronó de nuevo como el más violento del mundo con una tasa de 102.9 asesinatos por cada 100 mil habitantes, y en 2016 alcanzó una tasa superior a los 80 homicidios, un ejemplo de violencia desbordada en un país que no atraviesa por un conflicto armado. 

En un proceso que aún está por definirse, el encuentro entre los partidos políticos, el gobierno y Naciones Unidas es llamado por el presidente Salvador Sánchez Cerén como una "segunda generación de acuerdos", en alusión a aquel otro proceso que facilitó la ONU hace más de un cuarto de siglo, cuando apoyó los acercamientos entre la exguerrilla y el gobierno para llegar hasta el fin de una guerra civil de 12 años y más de 75 mil víctimas. 

"Anunciamos que, con el respaldo de Naciones Unidas, este 2017 impulsaremos un nuevo diálogo para alcanzar una segunda generación de acuerdos frente a los desafíos y necesidades actuales", dijo Sánchez Cerén.

Naciones Unidas confirmó que el "enviado especial para facilitar el diálogo en El Salvador" será Benito Andión, exembajador de México en El Salvador durante los años noventa. Andión acompañó al país, desde la ONU, en el proceso de pacificación tras los acuerdos de 1992.

Detrás del enviado especial de la ONU está el Departamento de Asuntos Políticos de la institución, según explicó Sánchez Cerén. "Agradecemos profundamente a la Secretaría General de la ONU y a su Departamento de Asuntos Políticos, que desde mediados de 2016 han estado acompañándonos de manera decidida en la preparación de este nuevo camino", dijo el mandatario.

Que sea el Departamento de Asuntos Políticos de la ONU quien coordinará el proceso confirma la gravedad del contexto salvadoreño. Una de las misiones de este departamento es supervisar los acontecimientos políticos en el mundo a fin de detectar crisis potenciales "antes que se intensifiquen". "El departamento proporciona apoyo (...) en zonas de tensión de todo el mundo, mediante mandatos que ayuden a calmar la crisis o fomentar soluciones duraderas para los conflictos", recoge la misión de dicha oficina. Mediante un escueto comunicado, la ONU explicó que el mandato de Andión es "facilitar el diálogo entre los salvadoreños y alcanzar acuerdos sobre los principales desafíos que afectan su país".

El regreso de Andión y la ONU a El Salvador se da en un momento de alta tensión política entre gobierno y opositores, evidenciada en retiro de las mesas gubernamentales de diálogo por parte del partido de derechas Arena, y en la nula aprobación del presupuesto general de la nación correspondiente al año 2017, una decisión pendiente desde hace cuatro meses. 

Ante la crisis política, representantes de los partidos Arena y FMLN, algunos incluso firmantes de los acuerdos de 1992, reconocen a El Faro el fracaso en la búsqueda de entendimientos y celebraron la llegada de Andión como facilitador para el diálogo. 

La intervención de Naciones Unidas fue solicitada por Sánchez Cerén en mayo de 2016, recordó el subsecretario General de Asuntos Políticos de la ONU, Miroslav Jenca, quien estuvo presente como enviado especial del organismo en la conmemoración de los Acuerdos de paz. Contrario Sánchez Cerén, fue Jenca quien recordó en su discurso, pronunciado en el anfiteatro del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), los síntomas de la crisis que atraviesa el país.

"Son muchos los salvadoreños que a duras penas consiguen mantener un nivel de vida digno, que son víctimas de la violencia y que se ven forzados a abandonar sus comunidades (...). La violencia, la persistente desigualdad y la falta de oportunidades impiden a los salvadoreños disfrutar plenamente de los beneficios de la paz", dijo Jenca. Casi al final de su intervención, el subsecretario recriminó el divorcio de la clase política salvadoreña: "En muchos casos, las divergencias políticas bloquean los acuerods necesarios para hacer avanzar el bien común y lograr una reconciliación genuina", dijo.

El país en el discurso que pronunció Sánchez Cerén, en cambio, pareciera ser otro, uno que no necesita auxilio de un externo: "Seguiremos implementando nuestro Plan de Gobierno para hacer de El Salvador un país educado, seguro y productivo. Continuaremos impulsando políticas públicas para garantizar los derechos humanos de los salvadoreños y salvadoreñas. Con esos objetivos, como jefe de Estado lidero el proceso de gobernar con la gente hacia el Buen Vivir", dijo Sánchez Cerén.  

Dirigentes de los dos partidos, diputados, y firmantes de los Acuerdos de 1992 sostienen que la crisis política ha llevado a que la situación del país se complique más de la cuenta. "La realidad nos muestra que la intermediación de la ONU, lastimosamente, es una necesidad", dice el diputado de Arena y firmante de la paz, el general Mauricio Vargas.

"No logramos entendimiento, no han habido espacios de uno y de otro lado. La pita la tensan, y la experiencia dice que al tensar más la pita, en cualquier momento se va a reventar", agrega.

El presidente de Arena, Mauricio Interiano,  confirmó que su partido está dispuesto a este encuentro. "Lo hemos dicho y demostrado con acciones: siempre estamos dispuestos al diálogo". Según Interiano, la presencia de Naciones Unidas ayudará a la consecución de acuerdos y que estos acuerdos se cumplan. 

Francisco Jovel, asesor de la izquierda en la Asamblea Legislativa y también firmante de la paz, tiene un planteamiento similar. "En la guerra había un empate y Naciones Unidas sirvió mucho para conseguir que el empate no terminara yéndose a penales o en un lanzamiento de moneda", dice este excomandante del PRTC, uno de los grupos que conformó el FMLN. "Y hoy la misma cosa: las fuerzas políticas quiérase o no están empatadas, y la demanda es que no se malmaten inútilmente, que no se agarren a los golpes como en otros congresos", añadió.

Después del anuncio de Sánchez Cerén, el secretario general del FMLN, Medardo González, también avaló la llegada de la ONU, pero puntualizó que los acercamientos deben crearse para un tema en particular. "Yo comparto que debe ser algo concreto. Debemos y podemos trabajar acuerdos, ese es el punto, el arte, y le voy a decir un tema, que es el de seguridad pública", dijo González.

El escritor David Escobar Galindo, quien formó parte de la comisión del Gobierno en la negociación de la paz también reclama la falta de acuerdos entre políticos. "Está siendo cada vez más claro que sin una dinámica de entendimientos no es posible avanzar prácticamente en nada", dice. Escobar coincidió con representantes de partidos políticos en la idea de que el sistema de instituciones, y la Constitución de 1983, siguen siendo funcionales. "Para 1992, una de las cosas básicas era no hacer nada fuera de la Constitución. Y eso que en aquel momento estábamos en una guerra, pero ahora no estamos en una guerra... o sea que los marcos legales están establecidos, por supuesto", dijo.

En este punto, también el secretario del FMLN piensa de manera diferente al presidente Sánchez Cerén, y de hecho rechaza el término "acuerdos de segunda generación", pues a su juicio este lleva implícita una crítica al marco constitucional vigente. "No deberíamos confundirnos porque el sistema político salvadoreño nos viene bien, funciona y debe de seguir funcionando... Y en ese marco es el que podemos llegar a acuerdos", dijo González. 

El FMLN y Arena llevan reuniéndose en privado desde hace nueve meses, y en algún momento, a esas pláticas se incorporó Naciones Unidas. A estas alturas (enero de 2017), Benito Andión ya se ha reunido bilateralmente con el Ejecutivo, con el partido FMLN, y también con Arena. De hecho, Andión se reunió con Mauricio Interiano, presidente del Coena, en la tarde de este 16 de enero, en el inicio de una gira en la que también compartirá con el resto de partidos políticos, la empresa privada y con organizaciones de la sociedad civil. Su próxima visita, explicó un alto ejecutivo de Naciones Unidas a El Faro, será en febrero.

"Hasta ahora hemos encontrado receptividad con los actores que nos hemos reunido, falta hablar con algunos actores clave, pero hemos encontrado apertura", dijo Andión a El Faro. Según el emisario, será clave en el proceso recuperar la confianza entre las partes.

La ley de reconciliación como punto de acercamiento

El gobierno del FMLN y el partido Arena plantean como un punto de partida la propuesta de una nueva ley de reconciliación en la que el debate pareciera decantarse por evitar consecuencias judiciales por los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Mientras en el FMLN hay dirigentes y funcionarios denunciados por crímenes cometidos en la guerra, incluyendo al presidente de la República, Arena siempre se ha manifestado en contra de una persecución penal en contra de los militares que durante el conflicto cometieron graves violaciones a los derechos humanos.

La Ley de Reconciliación y Reparación Integral para las Víctimas, que fue anunciada por Sánchez Cerén en su discurso, sería un punto de arranque en el acercamiento entre los dos principales partidos, y al parecer la discusión de la propuesta ya lleva un terreno avanzado en conversaciones que datan desde hace más de seis meses. 

La presidencia de Sánchez Cerén, mientras tanto, sigue guardándose detalles del proyecto, aunque asegura que "no es una iniciativa de Gobierno", según el secretario de comunicaciones de la Preidencia, Eugenio Chicas. "Es una iniciativa más bien de distintos sectores de la sociedad que la tomamos como Gobierno y que la vamos a compartir", agregó.

Aún así, Chicas dijo que el gobierno reconoce "la necesidad de generar un instrumento que se corresponda con un consenso nacional, porque aquella ley de amnistía fue aprobada de manera unilateral", dijo al Canal 10 (estatal), en alusión a la ley de amnistía de 1993, aprobada por los partidos de derecha dos semanas después de conocido el informe de la Comisión de la Verdad, que denunció graves violaciones de derechos humanos, la mayoría cometida por los cuerpos de seguridad del Estado, pero también por grupos paramilitares y la exguerrilla. Esa ley fue abolida en julio de 2016 por la Sala de lo Constitucional, y la ley de reconciliación sería una respuesta de la clase política para encontrar un nuevo mecanismo que garantice el acceso a la verdad y la reparación a las víctimas, pero en el que probablemente se esté buscando superar el acceso a la justicia y la persecución penal con otras fórmulas que sean más condecendientes, pero no inconstitucionales.

Hace seis meses, tras la abolición de la amnistía, fue Medardo González, el coordinador del FMLN, quien adelantó la postura del partido, cuando hablo de comenzar a pensar en otro tipo de justicia para tratar las violaciones cometidas durante la guerra. "Hemos comenzado a conversar sobre la necesidad de construir una nueva ley de reconciliación nacional, una ley que se adecúe a estos momentos y además elaborar, como parte de esta ley, una justicia transicional que permita que las familias conozcan la verdad, pero que además también se dé la oportunidad de que también se perdone", dijo González  en julio de 2016.

Aquellas palabras de González se acercan, seis meses después, con las del diputado de Arena Ernesto Muyshondt, quien también señala la importancia de que la ley se mantenga lo más alejada de las investigaciones penales que puedan terminar encarcelando a los culpables de delitos de lesa humanidad. "Ha habido conversaciones de nuestro partido y gente del gobierno, de cómo ir viendo una ley de reconciliación que lo que busca es el perdón y el conocimiento de la verdad de lo que sucedió en el conflicto armado. Es una ley que lo que busca es acercar las posiciones y lograr la armonía de la sociedad, lejos de la división y de reabrir las heridas del conflicto armado", dijo.

El diputado, general y negociador de la paz, Mauricio Ernestos Vargas, considera que la ley de reconciliación es importante. Vargas, un convencido de que la ley de amnistía de 1993 era válida, plantea que lo difícil estará en que todos acepten el "cómo se va a hacer" la nueva normativa. De hecho, en su partido ya hay divisiones sobre si debe o no debe haber persecución penal.  

"Es que mirá, es bien difícil que no se investiguen estos delitos cuando causaron y siguen causando todavía grave conmoción. Delitos como por ejemplo el de la Zona Rosa, como El Mozote, ¿cómo no van a ser investigados?", dice el diputado y dirigente de Arena, René Portillo Cuadra. 

El diputado Juan Valiente, también de Arena, dice que ninguna ley debe perpetuar la impunidad. "Debe evitarse que esta nueva ley proteja a crímenes de lesa humanidad, que son los que motivaron que la Sala declarara inconstitucional la amnistía. Hay que darles herramientas a las víctimas para que puedan reclamar justicia de parte del Estado", señaló.

En su discurso en el Cifco, Sánchez Cerén evitó mencionar este debate, y puso el énfasis en que la ley de reconciliación apuesta por las víctimas. "(La ley) requerirá de un serio proceso de consulta con las organizaciones que representan a las víctimas y a sus familias. Nuestro gobierno tiene una especial sensibilidad con este tema, y considera como paso necesario en nuestro proceso de reconciliación que dignifiquemos a las personas que sufrieron los agravios de los aparatos del Estado", señaló.

En el acto de conmemoración de la paz, tres organizaciones de víctimas de violaciones a derechos humanos durante la guerra (Probúsqueda de niñas y niños desaparecidos, el Comité de expresos políticos y el Comité de Víctimas de Tecoluca), entregaron al gobierno un documento que contenía una "agenda pendiente" de medidas que el Estado no ha cumplido para con las víctimas de abusos de derechos humanos. El presidente recibió el libro y señaló que la Ley de reconciliación servirá para compensar esas deudas históricas.

*Con reportes de Nelson Rauda, Jimmy Alvarado, María Luz Nóchez y Fred Ramos

*Fe de errata: En el pie de la fotografía del Subsecretario General de Asuntos Políticos de la ONU, Miroslav Jenca, que aparece en este artículo se dijo inicialmente por error que la persona de la imagen era Benito Andion, enviado especial del Secretario General.